El caso del golpe de estado disfrazado de acto democrático legislativo ha escalado mucha altura y si no se está complicando si están interviniendo o ubicando posiciones y hasta definiciones y el tiempo – esa magnitud irreversible – sigue avanzando.
Sintetizando: la sociedad electoral del estado de Baja California acudió a elecciones para definir a su titular del poder Ejecutivo estatal, que, de acuerdo a su legislación local y a la Constitución federal, sería por dos años; lo anterior, a pesar de que el candidato – y multiempresario – Bonilla – acudió a la Suprema corte de Justicia de la Nación para solicitar que el electorado de Baja California eligiera a su Ejecutivo estatal por cinco año y no por dos, como fue acordado por la legislatura que termina en este julio-agosto, argumentando que la solicitud se hacía para evitar gastos innecesarios con otro proceso; la Suprema Corte de la Nación ratificó el acuerdo de la legislatura – que ya era ley vigente al haberse publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Baja California – y el proceso elegiría a su Ejecutivo estatal por dos años y así se realizó; más habiendo pasado el proceso, el domingo 1° de este mes, resultando triunfador el candidato de MoReNa, Bonilla, mediante acción legislativa secreta en la que sesionaron en sede alterna varios diputados de varios partidos construyendo mayoría calificada para reformar la constitución local y leyes secundarias, acordaron extender vía legislativa, no electoral, el tiempo de duración del titular del Ejecutivo estatal, de dos a cinco años para empalmarla con la elección federal de 2024 y no con la de 2021, como estaba previsto. El decreto firmado, casi ley, fue turnado al Ejecutivo para su publicación en la Gaceta-Diario Oficial del estado de Baja California, mas el titular del Ejecutivo la vetó y no la publicó.
Aunque no se ha podido comprobar, se infiere que los diputados recibieron cierta cantidad de millones de dólares y, además, la oferta de trabajo – para ellos y sus recomendados – en la administración entrante, que ya es de sobra conocido por los baja californianos. Y los nombres de los diputados, tanto del PAN, como del PRI y de MoReNa circulan y son del dominio público.
Hechos: Alcaldes panistas de las poblaciones más importantes de Baja California presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la nación, recurso de inconstitucionalidad sobre los hechos narrados, mas la Suprema Corte está de vacaciones y los ministros que se quedaron para atender situaciones cotidianas, rechazaron los recursos por ser improcedentes, en virtud de que el acuerdo legislativo aun no es ley, pues no ha sido publicado, lo que no impide-obstaculiza admitir otros recursos, cuando hayan terminado el periodo de receso vacacional de la Suprema Corte.
El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no participaría ni tomaría partido de esta situación, lo que resulta extraño pues fue evidente que él se reunió en varias ocasiones con el candidato de su partido a la titularidad del Ejecutivo estatal, Bonilla y, además, porque significa posición de poder ejecutiva morenista.
