Nuestro país está dentro de una grave crisis de política pública migratoria que tiene efectos no colaterales, sino directos en nuestra vida pública, en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestra disponibilidad de empleos, de viabilidad de transporte en nuestra seguridad pública, social o ciudadana o como le quieran llamar nuestros nuevos próceres públicos – que en este momento afecta la zona sur del país – estados y municipios de las franjas fronterizas y los que están dentro de las rutas hacia los Estados Unidos, de las caravanas y migraciones de centro americanos, africanos y asiáticos y, naturalmente, en nuestra política migratoria y de relaciones exteriores.
¿En qué consiste la crisis?
La avalancha de imparables de migraciones – volúmenes de hasta seis mil por movimiento de caravana -, que siguen la ruta hacia la Tierra de las Oportunidades, los Estados Unidos y a todos ellos – autoridades municipales y estatales – se les deben ofrecer-brindar: protección, seguridad, albergue, alimentos, agua, vialidad-movimiento, atención médica y hasta medicamentos e inicialmente, los municipios y los estados no tiene presupuesto, ni recursos del tipo que se necesitan para atender este imparable universo.
¿Por qué la crisis?
Por la tan equivocada como caprichosa política pública migratoria – y, se presume, de Relaciones exteriores – de Puertas abiertas y de República Amorosa que señaló el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
A los miembros de las caravanas no se les solicita, pide, exige demanda pasaporte, ni cualquier identificación oficial, así que vienen familias completas, mujeres solteras, solas, niños sin padres, hombres de diversas edades, etc., de todas las ocupaciones y, acaso, delincuentes, prostitutas, traficantes, Marasalvatruchas, terroristas, etc.
Se deduce que existen convocatoria y organizaciones delictivas que cobran a quienes responden a la invitación de formar caravanas, pero se ignora todo lo demás, hasta lo más elemental, la identificación para saber y conocer quién entra al país.
Las autoridades municipales y estatales de las franjas fronterizas del sur y del norte y las que están en las rutas de las migraciones- caravanas – ya pusieron el grito en el cielo… ¡Claman ayuda! pero no hay respuesta federal, salvo como lo dijo Donald Trump…palabras, palabras, pero nada concreto.
Fue – y aun es – tan grande el universo de migrantes que demandaban pasar a los Estados Unidos que, ante la inacción de las autoridades migratorias nacionales, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, tomó la decisión soberana de amenazar con la aplicación de sanciones económicas – a partir del 10 del presente, impuesto de 5% a todos los productos que nuestro país exportara a los Estados Unidos, pero, si las autoridades nacionales no cambiaban su política migratoria, este impuesto se incrementaría otro 5% cada mes – julio, el 10%; agosto, 15%; septiembre, 20% y octubre, el 25% y ahí se estacionaría-.
Como se sabe y ya es historia, nuestro país fue obligado a modificar su política migratoria, pero un poco antes, el 9 del presente, la presidencia de la Republica convocó a connacionales a la concentración de la Unidad Nacional y en la ciudad de Tijuana, Baja California, hizo un ejercicio de músculo y, paralelamente, un equipo de las secretarías de relaciones exteriores, gobernación, fundamentalmente, trabajaron con autoridades norteamericanas para construir un acuerdo para resolver el universo conflictual de ese momento.
