El pasado 28 de mayo del presente año, el secretario de Seguridad y Protección y Ciudadana, Alfonso Durazo, al poner en marcha la segunda fase del Operativo Integral de seguridad en la región de Tierra Caliente, expresó varias verdades y dijo muchas palabras, pero…
Afirmó: México vive una situación de emergencia en materia de inseguridad desde la época de la Revolución Mexicana, que en gran parte es resultado de la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad…durante muchos años, funcionarios han amparado y protegido a grupos delictivos, hecho que ha generado la crisis que se vive hoy.
Esta situación que vivimos tiene que ver con asumir el compromiso de combatir de fondo la corrupción y las desviaciones en los cuerpos de seguridad en todos los niveles; por muchos años la violencia y la criminalidad se han sustentado en la desviación de funcionarios que amparan y protegen a grupos y conductas delictivas y el re4sultado ha sido la más grave crisis que ha vivido la nación desde la Revolución Mexicana.
La lucha contra la delincuencia no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones. Vivimos un tiempo de emergencia para el que se fundamental la unidad; la inseguridad no es un asunto de hoy ni de ayer; es el resultado de una acumulación de años que llevará tiempo corregir, pero en cuya solución estamos empeñados al 100 por ciento y sin perder un minuto de tiempo.
No hay pretexto político o ideológico que pueda anteponerse a la responsabilidad de la institución para garantizar la seguridad y poner fin a la impunidad… La lucha contra la delincuencia es una lucha de Estado y como tal, requiere de la suma y voluntad política de todos.
A partir del mes de julio se desplegarán 4,050 elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio michoacano – que estará dividido en 9 regiones, que se afinarán para que coincidan con la acción estatal y se pueda trabajar en conjunto y será en ese mismo mes cuando se presentará el Nuevo Modelo Nacional de Policía cuyo objetivo será la coordinación, la armonización y la suma de esfuerzos y recursos y asuman sus funciones de na forma convergente, priorizando la coordinación.
Nadie duda de la buena voluntad del presidente de la República ni del señor secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; mas también es cierto que nada de lo afirmado es nuevo; Francis Labastida Ochoa, en funciones de secretario de gobernación lo señaló: los grupos delincuenciales invariablemente tienen protección en los grupos de poder político y económico. Y miles de palabras van y miles de palabras vienen y no existe coordinación entre los tres niveles de gobierno y, la perspectiva de acción del estado está equivocada: debe fortalecerse al municipio con recursos financieros – para pagar mejor, cubrir prestaciones de ley y seguros de vida, para seleccionar los mejores perfiles de ingreso de sus elementos policiacos, con equipo, con elementos con preparación académica y experiencia, para su policías y, además, se está atacando el mal por los efectos, claro porque urge, y no se están atacando las causas: la sociedad, la familia y el estado deben concurrir de buena voluntad a resolver esta situación crítica: debemos educar el respeto a la ley, a la norma y castigar a los que violen las normas, no premiarlos, como se hace en este momento, hasta senadores de la República, diputados y gobernadores, los hacen.
