Ahora que el titular del Ejecutivo estatal sacó la puntada=ocurrencia – bien intencionada, por cierto, pues el gobierno de la República=federal pagaría salarios y remuneraciones a personal estatal y que debería pagar el estado -, de que el gobierno federal tome bajo su potestad y ejercicio el pago de la nómina del personal docente estatal – sin especificar niveles, categorías, subsistemas, tiempos de inicio de pago, etc., se están haciendo afirmaciones que ocultan el bosque, la realidad.
Inicialmente no se ha dicho qué tipo de personal conforman este universo de “docentes estatales” y como no se difunde información es presumible que esté integrado por los nombramientos que se autorizaron sin tener respaldo presupuestal y que se concedieron bajo presión del grupo de la llamada sección XVIII de la CNTE y en esta categoría=clase=grupo caben infinidad de modelos y de supuestos y figuras y que se prestó para el libre ejercicio de la corrupción e impunidad.
Además, es posible – muy posible – que un alto porcentaje de este personal no cubre el perfil establecido para el servicio o docente o administrativo.
Si bien el titular del Ejecutivo federal ofreció federalizar esta nómina, también debe recordarse que afirmó que se aplicaría un censo para tener información sobre cada clave presupuestal, qué persona(s) es o son y saber qué y a quien se está pagando.
Igualmente es muy posible que resulten muchas arbitrariedades, abusos y juegos de influencias.
Respetuosamente, la educación estatal no está al borde del colapso financiero.
La Educación como servicio público, como función social y las cuestiones financieras son dos cosas muy diferentes.
Como servicio público y como función social tiene otros parámetros y categorías y la cuestión financiera es de planeación, presupuestario, programación y administración de recursos y si llega al colapso financiero es muestra de ausencia, carencia y falta de planeación, programación y presupuestario de los recursos humanos y financieros.
El máximo error fue de autorizar la contratación de personal sin tener el respaldo presupuestal y, además, en confiar en que año con año existe negociación que autoriza estos movimientos de personal y, en consecuencia, año con año se toman recursos de donde haya – la famosa licuadora -, pues, finalmente, estas acciones son Por Orden Superior – POS -, de las cuales no existen oficios, acuerdos, ni actas, por escrito ni respaldos presupuestales.
Sería magnífico, excelente que el gobierno de la República acepte cubrir la nómina de este atípico personal. Quitaría presión financiera a las economías estatales, pero ¿Y si no – porque es una posibilidad? Si de por sí Finanzas del estado les debe a las 11 mil vírgenes, con esta negativa, se vería obligada a vender hasta Palacio y Casa de Gobierno… ¡Y habría quién los compraría!
