Tratando de establecer el formato de que ningún funcionario, mando medio o superior, del gobierno de la República – de administración centralizada, descentralizada, paraestatal y/o autónoma – reciba remuneración total mayor a la que recibe el titular del poder Ejecutivo Federal, a iniciativa del presidente de la República, el H. Poder Legislativo dio entrada a un proyecto de ley de Remuneraciones y la votó favorablemente, mas generó bastantes impugnaciones y solicitudes de amparos de la justicia federal de funcionarios de diferentes niveles y tipos=clases de la administración pública y todos estos expedientes llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debió de resolver.
Y lo hizo, pero no llegó a nada y debe definirse en esta semana: siendo once los ministros, para tal efecto, se necesita un voto de mayoría calificada y en la sesión del jueves pasado, la votación siendo mayoritaria la de los ministros que están por la invalidación de esta ley, no les alcanzó, pues únicamente votaron seis a favor y necesitaban la votación de ocho ministros, por lo que la resolución será tomada esta semana – 20 al 24 del presente -.
Debe recordarse que, en un acto inusual, pero legal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordaron disminuirse en un 25% sus remuneraciones, pero esta ley establece que ningún funcionario del gobierno de la República debe ganar más de $ 108,000.00. un ciento ocho mil pesos, 00/100 M.N -. Por otra parte, constitucionalmente, no pueden tomar re soluciones en relación a sus remuneraciones durante el periodo de su ejercicio como alto funcionario de la SCJN.
Igualmente, debe tenerse presente, que tres ministros del máximo órgano legislativo nacional han sido propuestos directamente, pro el presidente de la República – Norma Piña Hernández, Yazmín Esquivel Mossa y Juan González Alcántara, e integran el ”ala Morenista=Almista” de la Suprema Corte de Justicia y, curiosa y coincidentemente, los tres votaron sin definición sobre la validez del decreto.
Además, debe tenerse presente la intención del titular del Ejecutivo Federal de controlar y sujetar al poder Judicial, pues, presumiblemente, para sus proyectos políticos, debe tener bajo su control al tercer Poder de la Unión, pues, de hecho, casi tiene el poder Legislativo, con lo que evitaría, la función clásica de los pesos , contrapesos y equilibrios en entre los 3 Poderes de la Unión, con lo que estaría y tendría una administración bajo su control y evitaría la actuación de regulación de sus políticas públicas por sus excesos y se establecería-tendría políticas públicas en equilibrio y estabilidad, sin supremacía de alguno de los poderes sobre los otros dos.
Si bien es cierto, los mandos superiores – ministros, magistrados y jueces – tienen remuneraciones muy altas, se pretendió que con ellas y por ellas, todo el poder judicial de la nación tendría actuaciones judiciales, tomaría fallos y resoluciones autónomas e independientes, soberanas y no sería lacayo de ningún poder o persona moral o física y si las tienes no es ni fue su culpa, aunque, también no se puede asegurar la completa actuación imparcial, autónoma y soberana, pues finalmente las estructuras del poder Judicial está conformada por seres humanos.
¿Existe solución=salida? ¿Es viable una solución?
Si existe acuerdo entre los 3e poderes de aplicar esta ley de remuneraciones con los ministros, magistrados y jueces que inicien, a partir de entrar en funciones esta ley, pero no se debe aplicar retroactivamente. El titular del Ejecutivo federal debe aceptar, porque sí entiende, que no son 11 ministros, ni X magistrados, ni N jueces. Es todo el sistema judicial, de procuración y administración de justicia.
