Como se sabe, uno de los mayores problemas de la sociedad nacional, y cuya solución es prioritaria, es la violencia, y/o si se desea igualar, el de la inseguridad y/o delincuencia organizada, o no.

Ante una creciente ola o etapa de violencia=inseguridad=hechos de la delincuencia – organizada o no – que tiene el más sangriento arranque de alguna alternancia de gobierno Federal, estatal o municipal – , el Estado Mexicano, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, apostó todo a una carta: la Guardia Nacional, institución creada exprofeso – con aportaciones del Ejército, Marina, Policía Federal y respuesta a convocatoria abierta -, para recuperar la tranquilidad de la sociedad nacional.

El viernes 26 del pasado abril, esta corporación – Guardia Nacional – inició operaciones para cumplir esa responsabilidad y lo hizo en la ciudad y puerto de Minatitlán, Veracruz, lugar en donde el pasado 19 de abril, inusitadamente, aparentemente y sin existir causa o razón para el hecho, grupo delincuencial, con armas de fuego de alto poder, irrumpió en una reunión festiva y dejó 13 personas muertas, entre ellas un niño menor de un año.

Ahí en Minatitlán funcionará una de las primeras coordinaciones regionales – en total 266 -, propuesta por los mandos políticos, militares y de la misma corporación y que ya contará con el número de elementos suficientes, con mando único.

Será la coordinación regional que llevará la alta responsabilidad de probar el modelo operativo.

Al respecto, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, tan ensalzado por el titular del Ejecutivo Federal, informó que “tan sólo” en ese municipio están desplegados 1050 elementos de esa corporación, más 400 de la policía estatal – que cubrirán los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque – y los elementos de la seguridad municipal…Luego entonces, surge la pregunta, ¿cómo fue posible que pasara la masacre, si estaban tantos elementos paramilitares?

Apenas el pasado jueves 25 de abril pp, el secretario de seguridad ciudadana, Alfonso Durazo, contradijo al presidente al señalar que “sería irresponsable” señalar que en seis meses va a cesar la violencia – tiempo en el cual el presidente de la República se comprometió a entregar resultados – a bajar la violencia nacional, recibiendo juicios de investigadores, analistas, comentaristas, analistas, representantes populares y políticos, de que es una compromiso imposible, en tan poco tiempo -.

Además, hizo una afirmación, objetiva, en lo general: (la violencia) es un problema estructural, crónico e histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo: Nos proponemos lograr un punto de inflexión en la tendencia creciente. Lograr niveles “razonables” de paz y tranquilidad en los primeros tres años – 2021 – y aprovechar los tres años restantes para consolidar los resultados y entregar en 2024 un país estable y en paz.