El conflicto con una fracción del gremio magisterial es como el Juego de Juan Pirulero, en el cual cada jugador atiende su juego, pues cada protagonista – la fracción disidente del SNTE, la CNTE tiene y trae su juego; el secretario de educación, otro; el titular del Ejecutivo, otro, el oficial mayor de la SEP, otro y el titular del Ejecutivo Federal, otro.
O en el menos peor de los casos, un duelo de sordos y de mudos, pues cada protagonista dice una cosa y sus palabras son como campanadas al aire, al viento: nadie hace caso.
Y en tanto los servicios educativos públicos son un sistema inercial si no es una anarquía.
Y todo ha caído en una guerra de declaraciones, lo cierto es que este hecho – la toma de instalaciones de la SEE, paro en escuelas, ausencias en la prestación de los servicios educativos, y demás correlativos, etc. – es clásico, anual, repetitivo, es signo de la mala administración en el sector, del mal y deficiente gobierno y de la ausencia de planificación y presupuestación financiera en los recursos financieros del estado.
Uno de los nudos del conflicto, acaso el principal, es la cuestión financiera, para el cual, según palabras del aun titular del sector, Alberto Frutis Solís, se requieren 3 mil 200 millones de pesos para cubrir el año para hacer frente tanto a las demandas como a los pagos de salarios y prestaciones en todo el año, por lo que el reto de la administración es recaudar dicho recurso reorganizando el presupuesto, pero sin dañar otras dependencias y con la petición al congreso del estado para la reestructura del recursos al interior del presupuesto estatal se buscará NO incrementar el adeudo de un mil 200 millones de pesos que el gobierno del estado tiene con la Coordinadora nacional de Trabajadores de la Educación – sección XVII – y disminuir en hasta un 50% el adeudo que se tiene con los docentes.
Ahora bien, primero: ¿Se refiere únicamente al personal estatal? ¿De qué niveles? ¿En qué consisten esas prestaciones – concepto y monto -? ¿En qué consisten esas demandas – conceptos y montos? ¿Están justificadas?.
Segundo: el secretario de educación, y la institución que dirige, no tienen que recaudar, no es el fisco – no es su competencia – ni limosnero. Su trabajo, por cierto, mal y deficiente es planificar, programar y coordinara los servicios educativos en el estado y, por lo que se ha visto y se, lo hace mal, muy mal, pésimamente mal.
Tercero, la reasignación presupuestal – que está informando – es una tarea que no e s suya y sí del área de planeación y presupuestación del Ejecutivo del estado e incluso, más específicamente del H. Congreso del estado, que es la institución republicana que dispone las partidas, las asignaciones y los montos.
¿Qué necesidad de todo esto de existir un trabajo inteligente de planeación, presupuestación y programación…de administración, pues, del arte de gobernar?
