Posterior al 1° de julio, nuestro sistema político actuó y mostró su grado de civilidad y madurez c0nstruidos: actuó y habló la sociedad y actuaron las instituciones y todo caminó normalmente, en la vida democrática que tenemos y que es comprobación de que llevamos más de un siglo que las instituciones políticas, en sus tres niveles de gobierno, se han instalado en tiempo y forma y los señores presidentes de la República, los gobernadores y los representantes a los puestos de elección popular se han instalado en sus respectivos congresos – Federal, locales y en las sindicaturas -, así como los cientos de presidentes municipales de los H. Ayuntamientos han to0mado posesión y la vida democrática sigue, continúa…La sociedad del país desde hace poco más de una generación determinó decidir su futuro y forma de gobierno, en las urnas y no en las calles, sin embargo…
En todos los procesos democráticos quedan algunos prietitos en el arroz y en el recientemente pasado quedaron varios, que, vistos cuantitativa y cualitativamente, son irrelevantes, pero algunos tienen una carga explosiva que si puede generar ondulaciones y trepidaciones al interior de nuestro sistema político, prácticas y usos políticos y dos ellos, son la elección para titular del Ejecutivo estatal en Puebla, en otro es la extraordinaria para elegir presidente municipal al H. Ayuntamiento de Monterrey, N. L.
De conformidad con nuestra Constitución Política Federal, la actuación de las instituciones electorales – jurídicas y técnico administrativas – deben estar caracterizadas por varios principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y todo parece indicar que, aun conociendo que todos los partidos políticos violan la ley electoral y otras figuras jurídicas, parece ser que en las elecciones por la titularidad del Ejecutivo estatal de Puebla estos criterios-principios están entredicho.
La sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá ofrecer y difundir una resolución que determine o al titular del Ejecutivo estatal, ratificando las posteriores resoluciones tanto del Tribunal Electoral del estado de Puebla y de la sala regional, a favor de Martha Erika Alonso – esposa del ex gobernador de Puebla y actual líder de la fracción panista en el senado de la República – o resolver elecciones extraordinarias, con lo que se estaría dándole la razón las exigencias, promociones jurídicas y presiones de MoReNa, cuyo candidato es el ex senador Barbosa.
Curiosamente, uno de los ejes del asunto es que el magistrado José Luis Vargas, responsable de la ponencia, subió y difundió su propuesta de dictamen en el cual solicita se acuerde anular las elecciones y ordenar elecciones extraordinarias y castigar a responsables de lo opaco del proceso y, otra curiosidad, este magistrado fue quien ordenó se diera un recuento de los votos, casillas por casilla, voto por voto y el cómputo final no cambió: se ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso de Moreno Valle.
Lo cierto es que el Tribunal debe resolver conforme a Derecho y determinando si el alegato que sirve de argumento al magistrado José Luis Vargas los alegatos fue determinante para el resultado de la elección.
