El acto de rescate de unidades motorizadas y equipo propiedad del estado – y acaso de particulares – por parte de elementos del poder público provocó posicionamientos, visiones y perspectivas muy definidas que pueden ubicarse en las siguientes: A.- Los colocados del lado de la intocabilidad de las áreas universitarias, identificándolas como equiparables a la autonomía, como si fuera fuero y/o patente de corso. B.-Quienes consideran que fue acto necesario de poder para iniciar el rescate de la gobernabilidad y C.- Quienes dudan, los escépticos, que prefieren esperar y tener los hechos para juzgar y evaluar.
A casi diez días del operativo de rescate, está por definirse la situación jurídica de los detenidos, que si cuentan con un magnífico abogado, obtendrán su libertad bajo fianza porque será muy difícil que pueda acreditarse la participación de los detenidos en los hechos que llevaron a la detención y – ¿secuestro? – de unidades y equipo propiedad del poder público y/o privado; si logra, los abogados de la parte defensora bien pueden acreditar, y probar, todo lo contrario. Lo cierto es que la administración está en encrucijada. Debe definirse y tomar la decisión: si sigue o no por el camino del rescate del Estado de Derecho=Gobernabilidad de uno de los sectores que un día sí y otro también, y hasta inesperada y caprichosamente, son factor de intranquilidad y desajuste de la vida de la ciudad, del municipio y del estado y que, finalmente, sangra la economía tanto de la Universidad Michoacana, como del Estado, del Gobierno, del Poder Público.
Es un momento único, decisivo que definirá el matiz de la administración: ¿dejará hacer, dejará pasar o, finalmente, iniciará el rescate de la tranquilidad, de la gobernabilidad y el inicio del regreso del orden extraviado?
Si es lo primero, la administración quedará mal parada y nadie creerá y confiará en ella. Repetirá que tuvo inicio de caballo bueno y término de matalote. Entonces habrá perdido mucho más de lo que puede pensarse. Para nadie es un secreto que las llamadas Casa del estudiante – la mayoría de ellas – están caracterizadas por auto gobierno – en donde la autoridad universitaria no participa, salvo para pagar las notas -; que sus líderes, generalmente cumplen acciones extrauniversitarias, como mercenarios y utilizan a sus huestes como ejércitos con objetivos predeterminados y, que, finalmente, entre muchas más, que un porcentaje considerable ni son michoacanos y no tiene calificaciones que pudieran determinar su estancia, con superiores comodidades, realmente míticas. De ser esta la decisión, entonces ¿para qué, y por qué, abrir un frente batalla si no continuará la contienda y si no pensaba seguirla y ganarla?
Si es lo segundo, está obligado a esperar el informe de las Comisiones creadas por orden del Consejo Universitario. Si el informe es frío y resuelve valorar y reglamentar el funcionamiento de las casas del estudiante y solicitar a la autoridad universitaria que consideren el establecimiento y operación de Reglamento General para el funcionamiento de estas instalaciones, en las que se incluyan 1°.- Ser michoacano. 2°.- Escasos recursos económicos familiares. 3°.- Promedio mínimo de 7, o 7.5 y/o, preferentemente, 8. 4°.- Documentación renovable semestralmente.
Realmente es un momento trascendental. O la administración y sus hombres cúpula se ganan su papel en la Historia y trascienden como políticos con visión de futuro=estadistas o consolidan adjetivos y adverbios de represores=tiranos en grado superlativo, bien ganados.
La Suerte será echada y felicidades o nuestro más sentido pésame.
