Por considerarlo realmente interesante, sencillo y cercano a la realidad, transcribo fielmente colaboración de Alberto Núñez Esteva, publicada en EL FINANCIERO, en su edición del viernes primero del presente mes.
¿HASTA CUÁNDO?
Voy a mi trabajo como todas las mañanas, pero llegaré tarde. ¿A qué horas? ¡Quién sabe! Estoy atrapado.
Tengo que abrir mi comercio en el centro de la ciudad a las nueve de la mañana, pero está bloqueado el acceso. Estoy atrapado.
Llevo a mi esposa al hospital porque va a dar a luz. Hay un desvío en la avenida por una marcha, me desespero, no sé qué hacer. Estoy atrapado.
Voy a clases a la universidad, tengo que presentar mi examen semestral, están tomadas las instalaciones, no puedo. Estos atrapado.
Manejo una ambulancia, se trata de una emergencia, no avanzo. Estoy atrapado.
Salgo de viaje en tres horas. Voy a París. No alcanzaré el avión. Estoy atrapado.
Tengo mi restaurante abierto, los gastos corren, los clientes no llegan, los meseros tampoco. Están atrapados.
Estoy en un hotel desayunando. Unos individuos con el rostro cubierto arremeten contra el restaurante rompiendo vidrios y destrozando mobiliario. ¿Por qué? No lo sé. Soy extranjero atemorizado. Quiero regresar de inmediato, no puedo salir. Estoy atrapado.
Y podría seguir relatando mil y una anécdotas de habitantes de mi ciudad, o de residentes del resto del país que nos visitan, o del extranjero que viene como turistas y/o de negocios. ¡Aquí nos tocó vivir! parafraseando el título de célebre programa de televisión.
¿Quiénes son los responsables de estos inmensos daños que cuestan tanto a los ciudadanos como a la propia ciudad de México? Millones de pesos perdidos en cada escena, rabia contenida o manifiesta, pérdida de vidas (lo más costoso e irreparable), pérdida de prestigio hacia el extranjero, porque esto sucede también en Oaxaca, Michoacán, Acapulco, por mencionar sólo algunos lugares cuyo ingreso proviene, en buena parte, del turismo. Un turismo que pensará dos veces antes de decidir llegar a estas localidades.
Ahora es el #Yo Soy 132, ayer fueron los maestros de la CNTE, antes habían sido los integrantes del SME, o de Antorcha Campesina, o del Barzón, o los de Atenco, y de muchos otros grupos que han hecho del acto de movilizarse una forma de vida, de defensa contra la impunidad, de obtención de recursos y prebendas. Atestiguamos escenas inauditas: policías que son atacados – protegidos sólo por sus escudos – con piedras y palos por una chusma vandálica; manifestantes encapuchados que destrozan todo lo que está a su alrededor, agentes de tránsito que protegen a los manifestantes, pero no a los automovilistas, a quienes sólo desvían hacia caminos desconocidos.
Marchas, plantones, mítines, tomas de instalaciones, etcétera, dirigidas en contra del gobierno federal, del gobierno de la ciudad de México, de alguna delegación o, lo que ahora sucede en contra de las autoridades universitarias. ¿Pueden unas minorías insignificantes poner en jaque diariamente a cientos de miles de ciudadanos pacíficos, sus fuentes de trabajo, su salud, sus propiedades, su derecho de libre tránsito, en una ciudad que de por sí padece crónicos problemas de transporte ineficiente y peligrosos? Rabia contenida, conatos de violencia, desprestigio de la autoridad, vergüenza de la fuerza pública. Los ciudadanos quedamos con la sensación de que la impunidad triunfa y de que los agresores se transforman en víctimas amparados por la autoridad de nombre, incapaces de ejercer su autoridad.
El problema no es sencillo de resolver. Por una parte se invoca el derecho legítimo de expresión y de protesta dentro de esta incipiente democracia en la que estamos en inmersos, con el riesgo de criminalizar la protesta social como forma de castigar a la oposición; no obstante, este derecho legítimo no puede transformarse en un patente de corso en beneficio de quienes se escudan en la figura de una lucha social para incurrir en delitos o para promover intereses inconfesables. Estemos conscientes de que el ejercicio irrestricto de la libertad individual conduce necesariamente a la disolución del orden social y a la opresión de los más débiles, que en el terreno de los hechos se verían privados del disfrute de sus más elementales derechos. Sea lo que sea, la autoridad se justifica en la medida que cumpla con su encomienda básica de proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los individuos que conforman el cuerpo social.
Llegó el momento de decir ¡Basta de impunidad!, a la impunidad con que se manejan los grupos de presión. Exijamos solución a las autoridades de la ciudad para que, respetando el manejo racional del derecho a la libertad de expresión, no se lesionen los legítimos derechos de la mayoría.
Hacemos un llamado a un debate a fondo respecto al tema: las condiciones bajo las cuales es necesario el ejercicio de la autoridad, bajo qué procedimientos, etcétera. Reconozcamos que resulta crucial reforzar la legitimidad social de la actuación de las fuerzas del orden.
Docto Miguel Mancera, usted tiene la palabra.
Ciertamente esta colaboración des de articulista que vive en Distrito Federal pero su contenido puede aplicarse en algunas zonas-estados y regiones del país.
