El presidente de Francia, Enmanuel Macron, electo en mayo de 2017, encabezando un movimiento político sin nombre de partido alguno y dando un revés a los partidos políticos tradicionales, está apunto de resolver los problemas que confronta.
Dos son los problemas que tiene; uno, en un acto público en el cual se establecieron barreras y controles policiacos, el responsable de su seguridad personal, fue grabado golpeando a varios civiles y ese hecho fue considerado como el cumplimiento de órdenes estrictas del presidente, para alejarlo de los ciudadanos y como una acción represiva, en un país estandarte de los derechos humanos; acción golpeadora de la cual él se dice completamente inocente e, incluso, solicitó la renuncia del responsable de su seguridad personal. Este hecho, aunque es, aparentemente insignificante, lesiona su aceptación, popularidad y credibilidad en la sociedad francesa.
El otro, es más complejo, pues tiene que ver con sus proyectos de políticas públicas: desea ·forjar un estado de bienestar propio del siglo XXI. En el discurso anual ante diputados a la Asamblea Nacional señaló que repensará todos sus mecanismos para hacerlos más eficientes y menos costosos, con la promesa de reducir el gasto público, pero sin recortar ni lesionar derechos.
El pasado martes 17 de julio se reunió con los representantes de 5 centrales obreras – CFDT, CGT y la patronal MEDEF, entre otras – y 3 organizaciones patronales, con la finalidad de preparar las reformas que propondrá a la Asamblea Nacional y calmar el descontento de los agentes-líderes sociales que se quejan de que no los toma en cuenta.
Macron afirmó: durante el primer año de mandato había que desbloquear ciertas situaciones; fui rápido, lo reconozco y ahora contemplo otra etapa en la que necesitaré apoyarme en los estratos intermedios. Macron, por su Movimiento Nacional, tiene la mayoría natural de la Asamblea Nacional.
Entre las reformas previstas para los próximos meses figuran la de pensiones – que prometió no empeorarán la situación de los jubilados -, la financiación para la dependencia y un plan contra la pobreza; además, prohibir a los legisladores contratar a familiares, suprimir 120 mil puestos de funcionarios en los próximos 5 años, recortar la canasta impositiva que pesa sobre las sociedades, acompañada con la reducción de los impuestos locales, flexibilizar el mercado de trabajo, así como la jubilación y, finalmente, reforzar la policía y las fuerzas de seguridad, sugiriendo a los miembros de la Unión Europea nuevas formas de cooperación.
Los representantes de los principales sindicatos nacionales, a pesar de haber encontrado a un primer mandatario más flexible y dispuesto a escucharlos, afirmaron que no bajarán la guardia y que seguirán en la lucha en la defensa de sus derechos.
