Pasados los días electorales – confiando en que de acuerdo a la legislación y a los tiempos legales, y a los usos y costumbres de casi un siglo – y estando por culminar el proceso electoral para renovar los órganos de los poderes Ejecutivo Federal y del H. poder Legislativo – del H. Congreso de la Unión -, ya se escuchan voces y se ven imágenes que habla de una reforma político-electoral, con la finalidad, la intención de mejorar nuestras prácticas democráticas e instituciones políticas que nos hemos dado.
Esas voces y esas imágenes hablan de modificar los plazos, los tiempos electorales y algunos protagonistas políticos – físicos y morales – hablan de ampliar los tiempos – y curiosamente, en el reciente pasado se acortaron porque era demasiado tiempo el asignado a las campañas políticas y se gastaba exceso de dinero, lo cual es cierto.
Igualmente, afirman que las coaliciones y alianzas político-partidistas deben desaparecer…porque al elector le generan confusión, cuando la verdad es que se estableció esa figura porque los resultados electorales indicaban que los triunfadores vencían con la minoría más grande y, al asociarse, coaligarse, se construía una mayoría – o artificial o natural, pero mayoría al fin y al cabo – y eso generaba legitimidad, y legalidad, sociales. Ahora, así sin considerar la concentración de poderes en mano de MoReNa, es posible que se modifique y no se autoricen las alianzas políticas, ni las coaliciones – entre protagonistas políticos ni entre partidos políticos.
También hablan de obligar, facilitar, posibilitar el llamado formato legal de la igualdad de género en las propuestas a puestos de representación popular, pero ¿si no hay aspirantes? ¿A fuerzas?
Está presente y señalado para que se analice la prohibición para el chapulines y acrobacias políticas=Juanitos que evidencian los compromisos ante la falta de militancia, cuadros y dirigentes partidistas.
Está la demanda de desaparecer la figura de las reelecciones pues, se incurrió en el exceso y desvirtuó su intención.
Casi para finalizar, acortar los tiempos para la fiscalización del uso de los recursos públicos asignados a los partidos y protagonistas políticos, mas esto definitivamente, terminará cuando sea el Instituto Nacional Electoral quien pague todos los gastos de los partidos políticos – en cualquier tiempo – y de las campañas políticas.
Como complemento, que la legislación que regula nuestros procesos electorales no sea tan tolerante ante las infracciones y hasta delitos realizados por los partidos políticos y sus protagonistas, pues todos violan el encaje legal, no les importa la sanción, pues pagan la multa.
