Hay días en los que se está mal y de malas: , sin saber qué base jurídico constitucional tuvo y/o tiene, el Tribunal federal – el primer tribunal colegiado de circuito de Tamaulipas, el pasado 31 de mayo ordeno crear Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como resultado de la resolución de amparo 203/2017, figura procuradora de justicia en situaciones de grave conflicto con enfrentamiento entre los grupos de la sociedad y que se propone como recurso final para alcanzar-construir la paz social, que no es el caso nacional.
En la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia del país conformada por 32 procuradores y fiscales del país, ante la incomprensible figura, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Elías Beltrán, encargado del despacho en suplencia del procurador general de la República, llegó al acuerdo, y cerró filas en torno a esta determinación, de declararse incompetente para crear la Comisión de la verdad para el caso Iguala – desaparición de 43 alumnos de la normal Isidro Burgos, de la normal de Ayotzinapa – y presentó un incidente de imposibilidad real, jurídica y material.
Ahí, en esa conferencia, el procurador en funciones se aprobó un pronunciamiento de rechazo al mandato judicial que dispone la creación de la comisión de la verdad y justicia, así como reponer la investigación del caso Ayotzinapa, bajko0 el argumento de que carecen de facultades para emitir un fallo de esa naturaleza y ordenar la creación de dicho organismo, la comisión de la verdad.
(De acuerdo con la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito, en Tamaulipas, esa comisión debe estar integrada por familiares de los estudiantes desaparecidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el ministerio público federal; además se pueden agregar organismos nacionales e internacionales, tanto públicos y privados. En otras palabras, un tribunal popular de justicia. Algo realmente, desde e3l punto de vista legal, jurídico y constitucional increíble e inaceptable. Es como si no existieran instituciones procuradoras de justicia).
Esta figura jurídica es una salida “política” de un acuerdo entre todas las fuerzas en conflicto social y militar, que no es el caso. En el caso de los 43 alumnos normalistas desaparecidos existe toda una sólida investigación policial y ministerio.
Se ignora, en detalle, las razones jurídicas del Primer tribunal Colegiado de Circuito para llegar a ese resolutivo, que coloca en entredicho TODO el sistema judicial de nuestro país y, como complemento, pondría en libertad a asesinos confesos, producto de una de las investigaciones jurídicas policiacas mejor realizadas.
