Por considerarlo valioso dados los escenarios actuales en las campañas políticas, transcribo colaboración de Antonio Cuéllar Stefan, publicada en EL FINANCIERO, edición del martes 22 del presente: INTOLERANCIA, PREÁMBULO DE LA ANARQUÍA.
“Una sociedad moderna promueve la expresión del sentimiento popular a favor de los derechos de las minorías y de la igualdad como valor universal. Esa misma sociedad repudia cualquier expresión violenta que atente contra la libertad de los individuos, más aun cuando se trata de la supresión de una opinión, de una preferencia o una convicción política (*). En eso estriba la tolerancia y la solidaridad como pilares de cualquier democracia.
Ante las expresiones aparecidas en las calles de México el fin de semana pasado, no pudimos evitar la comparación de la realidad y el discurso político imperante en la última década del siglo pasado. Vamos, así de simple, ¿cómo habrían reaccionado el PAN y el PRD, como partidos de oposición, si hacia 1993 se hubieran organizado marchas en repudio de Cuauhtémoc Cárdenas, o hacia 1999 un conglomerado hubiera tomado las calles para vilipendiar a Vicente Fox Quesada?
Desde entonces era deseable, y de esperarse, que en un México cada vez más y mejor politizado se protegiera la tolerancia como cauce obligado en pro de la democracia y del ejercicio alternativo del poder.
La verdad es que cualquier movimiento social de la naturaleza de las manifestaciones de repudio en contra de EPN – que presenciamos el fin de semana pasado – tiene como objetivo último evidenciar un sentimiento y una opinión – (derechos consagrados en la Constitución) de aquellos que forman parte de él. Sin embargo, cuando este se infiltra a través de cualquier medio de comunicación, entonces tiene como propósito último generar una percepción de las cosas.
A diferencia de una manifestación de apoyo, una manifestación de repudio tiene el potencial efecto de generar, además del disgusto de aquellos cuyas convicciones o preferencias políticas se vieras aludidas y afectadas, un indeseable sentimiento de temor. En el fondo es previsible que nadie desee el inicio de una espiral de violencia derivada de un proceso político.
En ese entendido, la manifestación de repudio, entonces, puede tener como fin último generar miedo, que afectaría la objetividad del sufragio el día de la elección.
La única medición efectiva de la voluntad política general no se da en ningún otro momento que el día mismo en que se organizan y celebran los comicios correspondientes. Siendo cualquier manifestación un movimiento legítimo de expresión popular, que se debe tomar en cuenta, no deja de ser, sin embargo, una revelación aislada que no forzosamente demuestra el sentimiento de las mayorías.
El artículo 41 de la Constitución General establece que es una función del Estado, a través del IFE, organizar las elecciones federales sujetas a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Alrededor de esos principios deberíamos sumar el relativo a la innegable obligación del Estado de tener que intervenir, en el momento y en la forma que más convenga, para conservar la estabilidad del país, y garantizar la más armoniosa convivencia de sus ciudadanos y el adecuado cumplimiento de la ley.
Una marcha de repudio constituye una muestra indudable de intolerancia, que evidencia un sentimiento antidemocrático impropio del México que a lo largo de las últimas décadas hemos venido construyendo.
El apartado C del propio 41 constitucional que recién invocamos, establece textualmente que la propaganda electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
Sin dejar de reconocer la legitimidad del sentimiento individualizado de antipatía que las personas puedan sentir o no con relación a un candidato o a un partido político, en este caso se debe ponderar la preponderancia que lógicamente le corresponde al respeto como bien jurídico superior, que se debe tutelar para garantizar el imperio del sistema democrático de vida que nos hemos dado y que protege la ley.
Debiendo el IFE ejercer cualquier atribución en pro de garantizar la integridad y objetividad de la contienda electoral, y del voto, es perfectamente viable suponer que debiera intervenir con la finalidad de dictar lineamientos en torno del seguimiento mediático que deba o no darse a las expresiones de repudio o animadversión en contra de determinados candidatos o partidos.
LAS CAMPAÑAS Y SUS MOVIMIENTOS DE APOYO DEBEN CONDUCIRSE EN EL SENDERO DE LAS ALTERNATIVAS, LA CAPACIDAD Y LAS PROPUESTAS, NO DE LA OFENSA. DEBE PROHIBIRSE CUALQUIER MANIFESTACIÓN QUE EVIDENCIE SENTIMIENTOS DE DISCRIMINACIÓN. COMO EXPRESAMENTE LO PROHÍBE EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN. NINGÚN PROCESO POLÍTICO DEBE SER DEFINIDO POR EL MIEDO DE LOS ELECTORES. ES ÚNICAMENTE EL IFE, COMO ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA, AL QUE LE CORRESPONDE VELAR POR LA VALIDEZ DEL PROCESO DE ELECCIÓN EN TODAS SUS ETAPAS. (Hasta aquí la columna de Antonio Cuéllar).
El Instituto Federal Electoral debe actuar y hacer respetar la ley. Con su actuación a tiempo se evitarían males mayores y hasta la actuación vodevilesca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus sentencias Cantinflescas o Chimoltrúficas, como celebérrima e inolvidable del Maestro Leonel Castillo González de hace seis años, que entronizó, mediante un Golpe de Estado jurídico legal, al Luis Felipe Calderón Hinojosa.
(*) La libertad de libre pensamiento, de pensar diferente, de opinar diferente, de creer diferente, son derechos constitucionales y bases de la tolerancia y de nuestra democracia. El cerrarse a respetar esos derechos es muestra de intolerancia. Curiosamente se está ejerciendo un derecho, impidiendo que LOS OTROS tengan derecho a ser diferentes.
(Las cursivas, subrayados y mayúsculas son míos, lo mismo el asterisco)
