La muy difundida reunión del obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, será motivo de un trabajo serio, institucional, afirmó Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. Señaló que se reunirá con el arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar y con la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como con la comisión bicameral de Seguridad Nacional.
El secretario de gobernación señaló: NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE NEGOCIAR LA LEY, PORQUE HAY FAMILIAS, PORQUE HAY VÍCTIMAS, PORQUE HAY FAMILIAS QUE HAN SUFRIDO, PORQUE HAY COMISIÓN DE DELITOS. PODEMOS ENTENDER Y RESPETAR LA BUEENA VOLUNTAD DE CUALQUIER ACTOR SOCIAL, AL QUE MUCHO RESPETAMOS, PERO COMO GOBIERNO NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE NEGOCCIAR LA LEY. ÉSTA SE ACATA Y SE CUMPLE. Y QUIEN GENERÓ DELITOS DEBE ENEFRENTAR PROCESOS FRENTE A UN JUEZ Y RESARCIR A LAS VÍCTIMAS EN TDOS LOS DERECHOS QUE FUERON VULNERADOS.
Ahora bien, independientemente de las medidas que se tomarán en el marco de nuestra legislación constitucional, sí deben hacerse algunas reflexiones:
1a.- ¿Esta acción fue una decisión consultada con la Conferencia Episcopal Mexicana o fue propia? Si fue propia, las autoridades “suyas” deben aplicarle una medida disciplinaria, por muy buenas que hayan sido sus intenciones. Si, a la inversa, fue una acción consultada, las áreas correspondientes de la secretaría de gobernación Federal deben precisarle a todos los involucrados – el obispo de Chilpancingo-Chilapa y a los dignatarios integrantes del Episcopado Mexicano, así como al representante-embajador del Vaticano – que se hizo una acción, presumiblemente buena, pero que resultó mala, violó la ley y que debe respetar los campos, como lo establece la sentencia bíblica. Al César, lo que es del César. A dios, lo que es de Dios y, especialmente, debe recordar que vivimos en un Estado laico.
2ª.- Como actor social perteneciente a una orden religiosa, a un dogma, y además dignatario de ella y en ella, sabe que no puede, ni debe, participar en política y que, finalmente, no tiene ninguna representación política, aunque sí dogmática.
3ª.-Finalmente, lo que afirma el obispo Salvador Rangel – que acordó detener los asesinatos de protagonistas y aspirantes a puestos de representación popular a cambio de evitar que no compren los votos – aparte de que está imposibilitado para transmitir y observar su cumplimiento – que corresponde a los partidos políticos con registro y, en su caso, a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y a otras autoridades especialmente creadas para procurar justicia en lo referente a los delitos electorales -, no se está cumpliendo: ya asesinaron a un político guerrerense. Si hubo victoria – un acuerdo – que no le corresponde a él negociar -, ése fue pírrico, y terrible.
4ª. El obispo Salvador Rangel está obligado a proporcionar toda la información sobre esta serie de reuniones – porque no fue solamente una – a las autoridades políticas.
