A partir de la creciente institucionalización, ciudadanización, independencia, soberanía, libertad y autonomía del ya desaparecido Instituto Federal Electoral y su transformación en el Instituto Nacional Electoral – desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por la administración y evolución con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Luis Felipe Calderón Hinojosa, hasta llegar a las últimas reformas al encaje legal de nuestros procesos y prácticas electorales, siempre, invariablemente, desde la creación, uso y práctica del dinero público para los partidos políticos, sus prerrogativas y para las campaña políticas, se ha criticado la cantidad de recursos financieros que reciben los partidos políticos para sus gastos y para respaldar los gastos de los partidos políticos y sus protagonistas.
Diferentes analistas, académicos, investigadores y sociólogos, así como comentaristas y columnistas políticos y de diversas especies, han llegado a declarar que la democracia mexicana es la más cara del mundo y que cada voto tiene un elevadísimo costo para los ciudadanos, lo cual pudiera ser cierto.
Pero la intención del Constituyente y del H. Poder Legislativo fue evitar que los particulares intervinieran en las contiendas políticas y se cargaran en X, Y, Z partidos y protagonistas, lo que, presumiblemente, rompería el criterio de igualdad y, además, permitiría que las partes nocivas, opacas, contaminadas de la sociedad pudieran estar presentes y condicionar y hasta chantajear a las autoridades y representantes así surgidos; igualmente, esa es la razón final, por la cual está prohibido que particulares compren tiempo, cualquier tipo de anuncios y promocionales que pudieran ser tipificadas como propaganda y publicidad políticas: únicamente el INE lo puede realizar.
Sin embargo, los protagonistas políticos y sus partidos abren las puertas a la participación de los particulares y reciben dinero o arriba de la cantidad permitida o fuera de las formas autorizadas, lo cual, aparte de ser un delito, permite que personas morales y físicas interesadas violen la igualdad y posibiliten la presencia de lo nocivo y lo opaco.
Recientemente, la Marina alertó de la posible presencia de la delincuencia organizada en los inminentes comicios, específicamente en las campañas de los presidentes municipales y diputados locales, especialmente, y de los representantes populares al H. Congreso de la Unión, así como de los gobernadores y de la Presidencia de la República lo que formaría un indeseado amasiato y un cogobierno.
Como ejemplo de lo anterior, está la decisión del INE de investigar la procedencia de 17 millones de pesos – que atípicos y anómalos – en las actividades de Alejandro, el Bronco, Rodríguez Calderón, para obtener las cerca de 900 mil firmas de respaldo a su proyecto de candidatura independiente a la presidencia de la República. Actitudes como ésta perjudican nuestra democracia y nuestras prácticas políticas. Aunque el Bronco se diga inocente, no lo es y debe ser congruente con lo que pregona y dice combatir.






















