Aunque no nos corresponde a nosotros el ser fiscalizador, auditor o fiscal o juez, si se puede reflexionar en voz alta.
Desconocemos el por qué no es posible ejercer alguna acción legal contra quien o quienes firmaron y/o autorizaron los acuerdos millonarios con los grupos de presión que tienen hipotecado tanto el presente financiero y de obra de infraestructura al estado como su futuro. Siendo dinero del pueblo, aunque venga de las arcas de la Federación, sí es posible, o debiera, ser auditado o que autorizaron la contratación en forma irregular a los, ahora, docentes.
Si existen nombres, fechas y documentos deben darse a conocer ahora, no algún día. Este comportamiento es o cómplice de los que firmaron esos acuerdos irregulares o anómalos o es una política de Poncio Pilato – de lavarse las manos – o del avestruz, de esconder la cabeza ni ve ni oye.
Si como lo dice el titular del Ejecutivo estatal firmaron bajo chantaje y abusos, razón de más de ser ilegales e inconstitucionales y deben darse a conocer. Y es curioso que los funcionarios, hayan sido gobernadores o secretarios de gobierno o secretarios de educación pública o secretarios de finanzas y administración fueron muy condescendientes con el titular del Ejecutivo y obedecieron las órdenes recibidas, aunque hayan violado la legislación y la constitución o son muy chambistas o carentes de responsabilidad social o todo junto, pero muestran que no fueron congruentes con el momento, pues protestaron servir al pueblo, no al gobernante en turno, pero prefirieron cumplirle al gobernante y hacer lo que les ordenaron y evadieron su alta responsabilidad moral y jurídica: cumplir la ley…
De las palabras del titular del Ejecutivo se deduce que a los ex alumnos de las escuelas normales públicas del estado se les otorgaron nombramientos estatales – no existe el sistema educativo estatal – de plazas-recursos inexistentes y se pagaron con empréstitos o con la Federación o con los Bancos o como adelantos de recursos federales programados sujetos a calendario, con lo que se está hipotecando al estado – como el dinero a de Javier Corral-Chihuahua – y se hizo así para resolver las movilizaciones y esta forma de salir del conflicto de ese momento es una muestra de incapacidad para gobernar; si bien la compra de voluntades y el cohecho es una forma usada en la política, también es una forma que muestra la incompetencia para gobernar y de usar-tener otras salidas, otros recursos, de los muchos que tiene la política.
La actual administración ya lleva casi treinta meses – dos años y medio – y es un absurdo decir que no hay, no habrá acuerdos ni por arriba ni por debajo de la mesa o que ya no habrá – lo cual, esto último indica que sí los hubo -.
Si el titular del Ejecutivo en turno, Silvano Aureoles Conejo, sabe que es ilegal contratar maestros docentes, ¿por qué lo hacen y les prometen pago?
¿Por qué no se hace una auditoría a la secretaría de educación pública, aunque se lleve un año o más?
Es realmente anómalo lo que sucede a ciencia y paciencia de las autoridades.
Ahora ¿por qué y para qué lo dijo?
