Si el dramático y sangriento suceso de Iguala , Gro, en la que perdieron la vida y su futuro más de 43 personas, la mayoría de ellos estudiantes de la escuela normal rural Profr. Rafael Isidro Burgos, establecida en Ayotzinapa, Gro., las más recientes informaciones sobre la actuación de un cártel de funcionarios de la secretaría estatal de seguridad pública del estado de Veracruz, lo supera con creces y funestos hechos.
Fue realmente terrible, bestial, la actuación de los mandos superiores de la secretaría de seguridad pública de Guerrero.
Hasta el momento han sido liberadas 17 órdenes de aprehensión y están 12 personas prófugas y se realizaron 19 audiencias de imputación; entre las personas detenidas están Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de seguridad pública y José Óscar Sánchez Tirado, Ex director de penales. Están presos en el penal de Pacho Viejo.
Y el gobierno de Veracruz ofrece un millón de pesos de recompensa a quien dé información para detener a José Nabor Nava Olguín, ex subsecretario de seguridad pública y fue titular de la secretaría de seguridad pública ante la renuncia de Arturo Bermúdez
De todas las personas detenidas y prófugas, se les acusa del delito, inicialmente, del delito de desaparición forzada en contra de 15 personas, entre ellos, dos niños, pero el Colectivo por la Paz, de Xalapa, Ver., exige detener a todos los implicados en la desaparición de cientos de personas durante la administración de Javier Duarte.
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes mencionó que durante más de un año la Fiscalía de Veracruz investigó lo que era un secreto a voces: la participación de policías y altos mendos de la secretaría de seguridad pública en la desaparición de personas.
Las personas detenidas, y las buscadas, poseían una estructura de investigación, fijación de objetivos, detención, tortura para obtener información y datos para definir más blancos y realizar más operativos de secuestro, extorsión y en su caso desaparición.
Este ejemplo-modelo de formato delictivo es posible por la impunidad, complicidad=omisión entre los funcionarios que no cumplen en lo más mínimo la moral republicana: respetar y hacer cumplir la ley. Hacen lo que les ordenan sus jefes – aun siendo ilegal y delictivo, cuando su deber y obligación es cumplir y hacer cumplir la ley, no las órdenes que les dan.
Este esquema confirma lo aseverado por Francisco Labastida Ochoa, en funciones de secretario de gobernación: los grupos delictivos son fuertes porque tienen el respaldo de los grupos políticos y de los funcionarios de los cuerpos de seguridad pública.
Igualmente, es una muestra de que los poderes de la República no sirven de contrapeso a los excesos de los poderes en su actuación. Son, o cómplices u omisos – como el avestruz. Ni ve ni escucha.
