Mostrando que las instituciones republicanas mexicanas están fuertes, lozanas y vigorosas, por tercera ocasión, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervino y cambió estructuras municipales y del poder Legislativo – federal y local -.
Ahora, -Ya lo había hecho con la petición de destitución de dos delegados políticos de la ciudad de México y dando parte al poder judicial para la detención de los ya exfuncionarios – el pasado martes 16 del presente, desintegró en menos de 30 minutos la conformación de los cabildos de Coacalco, estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, de Puebla, que involucran a 26 servidores públicos, entre ellos, a sus presidentes municipales, Erwin Javier Castelán Enríquez y Pablo Pérez Maceda, respectivamente, ya que ordenó destituirlos y consignarlos por desacato a sentencias de amparo. Y, también ordenó la consignación de 14 ex funcionarios de Coacalco, entre ellos al ex alcalde, David Sánchez Isidoro, quien actualmente es diputado federal por el PRI y que debe ser detenido por la PGR.
En el caso de Coacalco, lo que motivó la destitución y consignación del presidente municipal, Erwin Javier Castelán, así como de nueve regidores, derivó de un laudo laboral que inició en 2013 y que ganó un trabajador en 2015, a quien se le tenía que pagar, en un principio, 2 millones, 369 mil 890 pesos; hoy, el monto asciende a 4 millones, 120 mil pesos. El trabajador demandó despido injustificado y pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones. La sentencia obligaba al ayuntamiento a dar cumplimiento al laudo al que fue condenado. (Es el mismo esquema que ordenó la destitución de Ricardo Monreal, delegado político de Cuauhtémoc. Asunto que está en litigio pues Monreal trata de demostrar que se atendió la sente3nciaa, pero la jefatura de gobierno del Distrito Federal no le entregó el dinero que implicaba la sentencia y, actualmente, está en los tribunales.)
El asunto de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, está vinculado con un predio – de 20 por 20 metros cuadrados, del inmueble ubicado en la calle 3 norte, sin número, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta – – que no debió expropiarse. El gobierno de Pablo Pérez Maceda informó que agotará los recursos legales para defenderse del fallo, ya que el pago se incumplió en la administración de Enrique Ramos Bernardino.
En el caso del ex alcalde Davis Sánchez Isidoro, actual diputado por el PRD en la ciudad de México, es igual al de José Manuel Ballesteros, ex jefe delegacional de Venustiano Carranza, a quien se ordenó consignar por desacato, el año pasado.
Ambos asuntos son inéditos porque la P=GR tiene que evaluar si el fallo de la Corte retiró el fuero o si se debe iniciar un proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de la ciudad de México.
Y realmente son inéditos y muestra que cuando se quiere se puede ser el contrapeso de los abusos de los otros poderes republicanos.
Bienvenida sea la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
