El asunto de la declaración unilateral de autonomía de Cataluña=Barcelona continúa, a pesar de que, inicialmente fue postergada y, finalmente, declarada por el llamado Parlament de Cataluña.
En dos vías, la actuación de la justicia española está en acción: en la primera, localmente, en Madrid, pues fueron invitados-citados a presentarse y declarar, se detuvo a, por lo menos, ocho de sus dirigentes y miembros del gabinete de Carles Puigdemont y están en la cárcel acusados de sedición – el más importante – y otros delitos políticos y financieros y serán sujetos a proceso. Por la otra vía, la internacional, la jueza Carmen Lamela dictó 2 órdenes de detención europea y dio traslado a la Fiscalía Federal de Bélgica. Esta Orden Europea de Detención se ha insertado también en el programa SIRENE de la policía. La segunda orden cursó una orden internacional de búsqueda y captura internacional para asegurar la detención de Puigdemont y los cuatro secretarios, estén en donde estén.
Los autos piden su detención por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia.
La jueza Carmen Lamela rechazó la petición de Puigdemont y los cuatro secretarios de prestar declaración en videoconferencia – en tiempo real, pues, a su juicio y consideración, no concurren ninguno0 de los casos para autorizar esa medida como la residencia fuera de España y como Puigdemont y Comím, Serret y los otros cinco secretarios no ofrecen ningún datos sobre su residencia-paradero, se solicitó la expedición de búsqueda y captura internacional nacional e internacional.
Las órdenes europeas o euroórdenes de detención simplifican entre los países miembros de la Comunidad=Unión Europea los procedimientos de extradición y según lo contienen las leyes belgas, los ahora exfuncionarios – cinco en total – serán detenidos de inmediato y puestos a disposición del juez, que decidirá sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si los ex funcionarios catalanes aceptan su entrega a España – digamos su extradición – ésta se hará sin más complicaciones y pasos administrativos, pero si no fuese así, la decisión corresponderá a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondrá de un plazo de quince días para decidir.
La determinación de Bruselas está por conocerse y será o la antesala del epílogo o una fase más de estos episodios de reality show ibero.
Carles Puigdemont debería entregarse y respaldar su defensa en el plebiscito-referéndum del primero de octubre, sosteniendo que actuó así obedeciendo la voluntad de la mayoría que acudió a las urnas ese día y finalmente, participar – trabajar para ganar – en las elecciones adelantadas del 21 de diciembre de este años y en esta competencia electoral buscar la mayoría de las voluntades de los ciudadanos de Cataluña para conocer si votan por la secesión o por la continuidad. Ese sería el Gran Día.
