No se trata de simplemente hacer señalamientos en contra del secretario de seguridad pública el abogado JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ, sino hacerlos con el objeto de que la dependencia policiaca recupere su profesionalismo, su lealtad a la sociedad michoacana y se conduzca con respeto irrestricto a los derecho humanos de los ciudadanos.
El pasado 1 de febrero, FRANCISCO ROBLES VILLA, un albañil de 37 años de edad, al parecer asaltó con arma blanca un minisúper en la colonia División del Norte en esta ciudad capital; huyó de la policía siete cuadras hasta llegar a su domicilio, en la calle Maclovio Herrera, solo que no se ocultó en su domicilio particular sino en otra vivienda la que los elementos policiacos rodearon en espera que el presunto delincuente saliera, lo que sucedió momentos después, solo que cuando salió, fue acribillado por elementos de la policía Michoacán.
De inicio, los policías ejecutores argumentaron a su favor, afirmando que el presunto ladrón les disparó un arma de fuego y que al repeler la agresión, éste fue abatido, sin embargo, fue el propio ALFREDO BECERRIL, fiscal de Delitos de Alto Impacto de Michoacán, quién informó que en la escena del crimen, no se encontraron armas de fuego ni armas blancas, a más que la autopsia de ley reveló que mientras FRANCISCO corría, recibió un disparo por la espalda y de igual manera tampoco se encontraron rastros de pólvora en las manos del ejecutado FRANCISCO ROBLES.
COMPLICIDAD OFICIAL
A pesar de que el propio fiscal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán encargado de los delitos de alto impacto, responsable de la integración de la carpeta de investigación respectiva, sabe ya con probanzas periciales que el presunto ladrón no disparó armas de fuego y que es presumible que se trató de una “ejecución extrajudicial”, no ha consignado dicha carpeta ante un juez de control, pues ya ha transcurrido más de 6 meses de los hechos, lo que infiere una “complicidad” de las autoridades de la procuraduría, por omisión o con intención, pero complicidad al fina al cabo.
Pero si de la complicidad del órgano técnico de acusación, como lo es el agente del ministerio público, también podemos presumir esa complicidad del secretario de seguridad pública JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ y de sus colaboradores, pues a pesar de las evidencias existentes y de la presunción de un “ejecución extrajudicial” realizada por elemento policiacos bajo su mando, ni siquiera los ha suspendido de sus labores policiacas, siguen trabajando como si no hubieran hecho nada.
RECOMENDACIÓN DE LA CEDH
Este escribidor sabe de buena fuente, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó la queja respectiva, realizó las investigaciones pertinentes del caso y emitió una recomendación en la que se infiere que se trató de una “ejecución extrajudicial” y recomienda a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que realice las actuaciones pertinentes a fin de establecer la presunta responsabilidad de los agentes policiacos que intervinieron en los hechos en que murió FRANCISCO ROBLES VILLA, empero, como ya se apuntó, al parecer hay una complicidad de la autoridad, al extremo que los citados elementos policiacos siguen trabajando como si nada hubiese pasado y la citada “recomendación” que dicto la CEDH se la pasaron por debajo del arco del triunfo.
LOS “EJECUTADOS” DE PLAZA MORELIA
No es la primera vez en que se acusa a elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de “ejecutar extrajudicialmente” a detenidos o perseguidos como en el caso de FRANCISCO ROBLES VILLA, pues también existen investigaciones que señalan que los dos presuntos asaltantes que fueron detenidos “por sospechosos” en el Centro Comercial Plaza Morelia el pasado 20 de marzo del 2017, fueron “ejecutados extrajudicialmente” y después se simuló por parte de esos elementos policiacos que uno de ellos “se aventó” de la camioneta patrulla en que era trasladado y fue atropellado y muerto por otro vehículo en movimiento que se dio a la fuga.
Así mismo se simuló por parte de los elementos policiacos, con la posible complicidad de las autoridades de la procuraduría general de justicia del estado, que el otro detenido HERBERTH VICENTE COLIN VIDALES, murió al golpearse en la cabeza contra la caja metálica de la camioneta patrulla en que era trasladado a las instalaciones policiacas, golpes que se produjeron al frenar intempestivamente dicha patrulla.
Al igual que en el caso de FRANCISCO ROBLES VILLA, los elementos policiacos que participaron en la presunta “ejecución extrajudicial”, ni siquiera han sido separados de sus funciones policiacas, a pesar de que se integró la carpeta de investigación número 1003201710973 y la carpeta de investigación acumulada número 1003201710977, por el delito de homicidio, pues siguen prestando sus servicios como si nada hubiera pasado.
CONCLUSIÓN
Es bien sabido que en la Secretaría de seguridad Pública siguen trabajando muchos elementos de los llamados “chilangos” que llegaron a nuestro estado con el “Virrey” ALFREDO CASTILLO CERVANTES y que ni el anterior secretario ni el actual JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ han podido correrlos y no solo eso, sino que en la mayoría de los casos de abuso de autoridad y diversos delitos que cometen elementos policiacos, son esta pandilla de “chilangos” los responsables. Lo anterior, es parte muy importante de la responsabilidad del secretario JUAN BERNARDO CORONA y que por motivos desconocidos, no ha podido resolver. ¿Y la sociedad Michoacana? ¡Que se aguante!
UNA VEZ MÁS, LA UM PARALIZADA
En efecto, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ve paralizada en sus actividades cotidianas, por los integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, pues inicialmente su “líder” EDUARDO TENA FLORES argumentó la falta de pago del llamado “Bono Sindical” que es de 5 mil pesos y la despensa en especie, que contractualmente la institución está obligada a entregar a cada trabajador sindicalizado al servicio de la universidad, empero, ya paralizadas las actividades, dice TENA FLORES que las causas son múltiples violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Por su parte el rector de la universidad MEDARDO SERNA GONZÁLEZ, señala que solicitó al sindicato el padrón de socios registrados ante las autoridades laborales y que éste, -el sindicato- se negó a contestar entregado dicho padrón, por lo que las autoridades universitarias lo solicitaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, padrón que les fue proporcionado y éste fue la base para el pago tanto del “Bono Sindical” como de la citada “despensa en especie” y que en efecto, alguno trabajadores no aparecieron en el padrón, porque el sindicato no había “actualizado” dicho padrón.
EL FONDO DEL ASUNTO: NEGOCIO DE TENA
Para nadie que tenga dos dedos de frente, pasa desapercibido que el “paro” organizado y ejecutado por EDUARDO TENA FLORES, no es sino la respuesta a la autoridad universitaria porque ésta, tomó la determinación de pagar de manera directa a los trabajadores sindicalizados, el “Bono Sindical” y la respectiva “despensa en especie”, pues era bien sabido que TENA FLORES repartía a su libre albedrío tanto el bono como la despensa, tan se demostró que era así, que se conoció públicamente que empleados, amigos y hasta amantes del líder sindical, recibían dichas despensas, bueno hasta “albergues para rehabilitar alcohólicos y drogadictos recibían sus respectivas despensas.
Así pues, una vez más, nuestra máxima casa de estudios es presa de la actuación perversa y malvada de un seudo líder sindical, cuyos intereses personales y de pandilla, están por encima de los de 50 mil alumnos y profesores, pretendiendo con este paro “ablandar” al rector y demás autoridades a que se ciñan a esos perversos intereses y por otro lado, la apatía y el desinterés de la demás comunidad universitaria, que no defiende su institución ni “con el pétalo de una rosa”, actitud hasta cierto punto vergonzante.
