Se sabe que la administración panista Federal – que lleva casi doce años – es proempresarial, específicamente contra los sindicatos que tiene como centro de su actuar los contratos colectivos de trabajo y ha dado muestras de los anterior a través de los casi 12 años: sirven de ejemplos los siguientes casos: La desaparición de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de los sindicatos de pilotos aviadores y sobrecargos de Mexicana de Aviación – que aun no levanta el vuelo, a pesar de que ya está registrado en bancos y en los expedientes judiciales los comprobantes bancarios de los depósitos de 300 millones de dólares de la empresa que desea comprarla -, los fallidos intentos de inmiscuirse en el sindicato de la Volkswagen Puebla, el fallido desalojo-enfrentamiento en la planta minera de Mittal-Lázaro Cárdenas, las huelgas en Sombrerete y Taxco –llevan 5 años de paro laboral -, los laudos en contra del Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia y tantos y tantos en los cuales el gobierno-grupo en el poder invariablemente estuvo-está del lado de la empresa y no del trabajador o, por lo menos, ser imparcial en la procuración y administración de la justicia laboral o justicia, a secas.
Desde hace muchísimo tiempo el sector patronal ha deseado realizar cambios al encaje legal del artículo 123 Constitucional – al artículo 123 Constitucional y a la Ley del Trabajo – y sus leyes secundarias e invariablemente no ha podido. Fundamentalmente el sector patronal quiere hacer a un lado el contrato colectivo de trabajo, el derecho de huelga, desaparecer la gratificación-prestación del aguinaldo, la desaparición del derecho a la distribución de utilidades y tener la facultad de despedir en el momento que desee a los trabajadores y, si le alcanza la fuerza, quitar la prestación de seguridad social y regresarnos de un plumazo a la época de la Colonia y al servilismo feudal.
Un ejemplo de lo anterior se muestra en lo siguiente: La semana pasada se registró explosión en una mina de carbón en el municipio de Múzquiz, Coahuila y se tuvieron 7 muertos, más determinada cantidad de heridos. El accidente se debió a la explosión de gas metano en el centro de trabajo. Resulta que el centro de trabajo no es una mina, es un pozo, en un hoyo. Y ahí trabajan los mineros por pura necesidad en condiciones de completa inseguridad, como si no existieran, ni tecnología para la explotación de minerales subterráneos ni legislación para proteger a los trabajadores y existieran los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo.
Y todo se hace con la complacencia de las autoridades correspondientes: De la Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Salubridad y Asistencia, de las autoridades políticas de los tres niveles de gobierno, etc. En este momento la STPS informa – y eso por la inmediatez de la explosión en Múzquiz, que es lo de ahora – que existen 39 RESTRICCIONES DE ACCESO A CARBONÍFERAS DE COAHUILA, ADEMÁS DE MILES Y MILES DE INSPECCIONES DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO, ETC, ETC.
Con esto gobiernos, sus omisiones y sus complicidades la legislación sale sobrando; ellos – patrones y gobiernos – quisieran que no existieran, ni legislación laboral, ni sindicato,
