Realmente lo que diarios nacionales y estatales difundieron desde el martes 14, de la presente semana, era sobradamente conocido: los quebrantos-boquetes-defraudaciones financieros dejados, heredados y recibidos de las recientes administraciones en los gobiernos del estado.
El miércoles 15 del presente, un diario con circulación estatal y hasta nacional, informó que el gobierno de Michoacán rebasó hasta en 4,937 millones de pesos el presupuesto inicialmente autorizado por el Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2015, correspondiente al último año del ahora subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Salvador Jara Guerrero. Más de 230 pliegos de observaciones está fincando la Auditoría Superior de Michoacán a exfuncionarios de la administración Jara Guerrero, los que serán llamados a cuenta, teniendo 30 días para desvanecerlas y/o justificarlas.
Las mayores inconsistencias son: haber pagado sueldos en exceso, incumplimiento de armonización contable, carencia de manuales de organización, ni de procedimientos, ni de código de ética de funcionarios, no se publicaron resultados-destino del 98.7 % del presupuesto – del sistema michoacano de radio y televisión, en servicios personales, para sostener una plantilla de 148 trabajadores y 61 trabajadores, de contrato -. Todo esto es dinero estatal.
Y el pasado miércoles 15 del presente, la Auditoría Superior de Michoacán, por medio de su titular, Juan Manuel Portal, entregó en la Cámara de Diputados el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. Ahí se contenían observaciones por 165 mil millones de pesos, derivadas de probables irregularidades en el ejercicio del gasto.
El auditor superior de la Federación detalló que entre los estados con mayo9r número –monto observado destacan estado de Médico, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chiapas y que el más grave problema en las dependencias del gobierno federal durante 2015 fue el abuso de contrataciones sin licitación.
Subrayó que la cifra total de pendientes de solventar por estados y municipios – periodo 2011-2015 – asciende a 216 mil millones de pesos, AUNQUE ADMITIÓ QUE ESE VOLUMEN DIFÍCILMENTE SE PUEDE RECUPERAR. Hasta el momento no ha promovido denuncias penales. Las entidades tienen un plazo de 30 días para solventar las anomalías señaladas y, de no hacerlo a tiempo y en forma, el órgano fiscalizador interpondrá los recursos correspondientes ante la Procuraduría General de la República. Abundó: en el periodo 2001-2014 la ASF recuperó un total de 108 mil 886 millones, como reintegros de las desviaciones en el ejercicio del gasto por las entidades públicas.
Aquí la preocupación es, más que hacer comparaciones, es que difícilmente se puede recuperar el 100% de esto. Son observaciones que en muchos casos no hay forma de recuperarlos; ya se los llevaron y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, cómo se le quita el dinero. Todo esto es dinero Federal
Bueno, en lo general todo lo anterior ya se sabía; en detalle, acaso no, tal como lo plantean las dos Auditorías Superiores.
Las preguntas serían, pasados los 30 días, ¿se darán los pasos siguientes?
¿Qué sigue?
¿O se callarán, como siempre?
¡Somos el país, y el estado, donde no pasa nada!
¡Nada más el periodicazo!
