La sociedad nacional está continuamente bombardeada sobre hechos de corrupción e impunidad, particularmente de los planeados y llevados a cabo por la clase política y estas acciones – todas ellas – han abultado monumentalmente el hartazgo y el humor social, que se desborda con las mascaradas de la administración y procuración de justicia.
La sociedad nacional no se chupa el dedo y entiende; piensa y deduce que le están tratando de dorarle la píldora y deja hacer y deja pasar, pues sabe que en estos momentos no puede hacer nada, pero hay un momento cada tres y seis años que se alinean las coordenadas y estas líneas de poder pasan ineludiblemente por su persona y voluntad: el día electoral.
Viene lo anterior al caso, con los expedientes o situaciones de exhibición de las ineficiencias, corrupciones e impunidades de los ahora ex gobernadores de Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Chihuahua. Los cuatro en calidad de prófugos de la justicia. Son tan teatrales las cosas que a uno – Duarte de Ochoa, de Veracruz – se le facilitó un helicóptero y se le concedió el trato preferente como si fuera gobernador y lo trasladaron al puerto Coatzacoalcos y desde ese momento se desconoce su paradero.
Los exgobernadores de Sonora y Chihuahua continúan prófugos – y al de Quintana Roo no se le ha integrado la carpeta de investigación ni se muestra voluntad política para actuar en su contra, a pesar de todas las informaciones sobre sus actos deshonestos -; sin embargo, el pasado jueves 10 del presente, el ex gobernador Guillermo Padrés, m0nmtando todo u7n sainete-auto sacramental se presentó a una radiodifusora de la ciudad de México, fue entrevistado, se dijo inocente y fue y se entregó a las fuerzas federales y por su propia mano-pie entró a la prisión preventiva en donde, máximo el 16 del presente – miércoles de la semana siguiente -, se le definirá su situación jurídica.
Llegó a manos de la justicia con 29 amparos y muy seguramente hasta que los tuvo en sus manos se entregó a la justicia. También su hijo fue detenido por los mismos delios imputados a su padre.
Está acusado de realizar defraudaciones fiscales, negociar con dinero de dudosa procedencia y de enriquecimiento ilícito, más otros delitos.
Ambos están siendo defendidos por Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República, uno de los varios que cumplieron esa función en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Es posible que por lo amparos obtenidos enfrente en libertad los juicios en su contra, pague cuantiosa multa y con eso se considere que está resuelto y castigado el delincuente y corrupto, mostrando una de las varas de la justicia y, cumpliendo lo que se dice: la ley y la religión castigan, no a los delincuentes, sino a los escandalosos.
