Finalmente se proporciona un poco de luz más precisa sobre la deuda pública recibida por la actual administración, heredada por el gobierno de Leonel Godoy Rangel y viene a finalizar en lo que ya se sabía desde los umbrales del fin de ese gobierno: Confabulación en los círculos cupulares del poder para quebrar, desfondar, financieramente, al estado.
En base a la información difundida por el organismo responsable de auditar a la pasada administración – documento de 34 cuartillas – abarca cinco apartados: Propuesta inicial – DEUDA PÚBLICA, PASIVOS REGISTRADOS SIN INCLUIR DEUDA BANCARIA, BANCOS, FIDEICOMISOS, PATRIMONIO, RECURSOS HUMANOS Y COMITÉS DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES -, Dirección de crédito, Dirección de Administración de Fondos, Dirección de Patrimonio Estatal y Dirección de Contabilidad.
Sintetizando, porque no corresponde a este espacio realizar minucioso detalle de esas cuestiones, se encontraron, concentradamente, las anomalías siguientes: DEUDA CONTRATADA QUE NO SE APLICÓ EN LO PREVISTO, EMPRÉSTITOS CONTRAÍDOS SIN AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO, AUSENCIA DE PROYECTOS DE VIABILIDAD PÚBLICA PRODUCTIVA, ACUERDOS QUE NO REALIZARON, VIOLACIONES A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA, AUSENCIA DE REGISTROS CONTABLES, fundamentalmente.
Y sin rascar un poco más de la piel administrativa, se están conociendo más y más minucias, como esta de que no aparecen unidades automotoras –la secretaría de educación pública y de seguridad pública – por el monto de 451 millones de pesos – valor en inventario -.
Por el lado que usted lo mire, o se quiera ver, esto es sumamente grave, verdaderamente grave.
Pero es sumamente mucho más grave la inmovilidad de la actual administración Y YA CONSUMIÓ 6 MESES Y EL TIEMPO SE LE ESTÁ ACABANDO.
La administración Vallejista está en la encrucijada.
Está obligada a tomar una decisión: o le cumple al pueblo, que merece respeto – o respeta los compromisos – se deduce que los hubo – y en uso del poder, deja hacer y deja pasar. Dicho en otras palabras: o Estado de Derecho o impunidad.
