La noticia corrió como reguero de pólvora el pasado miércoles muy temprano: el ahora gobernador con licencia Javier Duarte había hecho llegar su solicitud de licencia para separarse del cargo de titular del Ejecutivo del estado de Veracruz; el congreso local daría curso legal a esta solicitud y nombrará a un gobernador interino – el relevo constitucional será el 30 de noviembre del presente año – para que encabece esta administración marcada por la sospecha o la realidad de una debacle de todo tipo.
Javier Duarte justificó su solicitud de licencia como una determinación para enfrentar los cargos que en la prensa escrita, electrónica y en las llamadas redes sociales ya fue juzgado y encontrado culpable de peculado, desvío de recurso e enriquecimiento ilícito. Ante la Procuraduría general de la República están abiertas varias investigaciones por diversos delitos y se espera que se actúe en contra del ahora ex gobernador.
Con todo y que Javier Duarte ya fue linchado y se le atribuye todo el clima de inseguridad y desgobierno que vive Veracruz en este momento, es muy probable que, se presente amparado y no se le detenga, porque no es tonto y si fue cochino debió esconder sus trapacerías.
Sin defenderlo, ¿cuál fue- es el delito de Javier Duarte?
En realidad su delito fue haber perdido la elección constitucional en el estado; muy seguramente, si el resultado hubiera sido otro, esos señalamientos ni siquiera habrán llegado a crecer hasta desbordarse, pero fracasó y no entregó el poder a una personalidad de su mismo partido. Pero aquí están algunas pregunta: ¿El gobernador que terminará su mandato está obligado a “ayudar, colaborar, respaldar” al candidato de su partido para que triunfe”? ¿Qué, ese detalle no es delito federal y local? ¿Y la llamada democracia?
Curiosamente, si a los órganos jurisdiccionales les interesara la procuración de la justicia deberían investigar la serie de denuncias que los primos Yunes, en su disputa por el poder Ejecutivo de Veracruz se dijeron en todos los días y a todo lo largo y ancho de la campaña. Pero no se muestra voluntad política para hacerlo porque deben considerar que todos los señalamientos son “toros pasados” y de otra administración, pues Miguel Ángel Yunes Linares, candidato triunfador, no es una blanca palomita y, por decir algo, en su paso por la Lotería Nacional la debilitó financieramente y la dejó postrada.
El caso de Javier Duarte nos muestra otra vara más para administrar y procurar justicia.
Si Javier Duarte es culpable, que se le castigue, lo mismo que si algunos de los miembros de su gabinete, también, pero que sea hasta el fondo y no se aplique una justicia convenenciera, porque debe existir el ejemplo de la moral pública: el respeto a la ley, el cumplimento del estado de derecho.
Únicamente eso: el cumplimiento de la ley.
