La población, ghetto, colonia y/o ínsula religiosa, la Nueva Jerusalén, propiedad de pensamiento, palabra y obra, en este momento, de Martín de Tours, es realmente una papa ardiente y arde mucho más con las visiones y acciones del poder público, en sus niveles de gobierno que tiene competencia en este asunto.
Esta volcán apagado, cual Don Goyo, echa fumarolas y una de ellas, el inicio de estas últimas, fue la destrucción de las aulas de la escuela primaria de la población, por tan dogmática como insensata indicación ordenada por sus íconos y potestades de que no debería haber clases-Educación laica en una isla, reserva, ghetto, de dogmatismo feudal, oscurantista.
El secretario de gobierno, al decir que el conflicto en la comunidad de la Nueva Jerusalén no radica en si hay o no hay clases, sino las divergencias de las visiones religiosas en sus habitantes; no es la escuela, ni las clases, sino la convivencia en una comunidad que tiene divergencias en la creencia religiosa y que es lo que no les permite vivir en armonía, está equivocado.
Ciertamente el problema no es educativo, es una divergencia de dogmas religiosos que no permiten la convivencia, no se puede vivir en armonía, pero sucede que bajo esta situación, se está violando la ley: Se destruyeron bienes propiedad del Estado, se está siendo intolerantes en la forma de pensar y haciendo a un lado la libertad de creencias, un derecho, una garantía constitucional.
Supongamos que las cuestiones religiosas se dejen a un lado – lo que no debe hacerse porque el gobierno, el Estado, debe, está obligado a ofrecer seguridades para la convivencia en la armonía de la mayoría de los miembros de esa sociedad y, si las herramientas de diálogo y conciliación non inútiles, en última instancia está la ley – ¿Y las cuestiones de destrucción de los bienes?
En este caso, por ese argumento – problema religioso – ¿no se actuará? Esa razón, esa justificación es muy peligrosa y mucho más si la utiliza, la expresa, el responsable de la paz interior y gobernabilidad en el estado.
Bajo ese argumento – porque se es estudiante, porque se es chofer de combis, porque es de la Unión de Taxistas, porque es de tal partido político, porque etc… -, se ha hecho, se hace y se hará a un lado el Estado de Derecho. Y eso no es vivir en un estado donde impere la ley y el Estado de Derecho. Es vivir en una sociedad donde la aplicación de la ley es selectiva, donde se tiene dos, o más, varas para procurar, y administrar, justicia, en una sociedad con nichos protegidos, cotos y feudos de poder e impunidad.
¿Cómo resolverlo? Aplicando la ley. Seas laico, dogmático, católico, hugonote, calvinista, anglicano, evangelista, catequista, mormón, adventista, presbiteriano, pentecostés, bautista, etc. Sea cual sea su dogma, su idea, religiosa, violó, violaron la ley, son sujetos de una sanción y deben pagar. ¿O no es, o debe, ser así? ¿No es el estado el primer obligado a respetar la ley?
