Alonso Lujambio es (era) un hombre inteligente, ambicioso y sagaz. Un cáncer ha cambiado la vida de este personaje que ha suscitado el “apoyo moral” de sus compañeros senadores y de una parte de la opinión pública. Creo, por el contrario, que el ejercicio del poder y la enfermedad de nuevo muestran un rostro poco afortunado de la ambición política y la opacidad. Veamos.
Primero. En estas semanas he dedicado mis colaboraciones a esta simbiosis entre enfermedad y poder. No me voy a repetir a mí mismo, (Se pueden consultar mis textos enfermedad y poder y sobre el oasis michoacano en las ediciones 1866 y 1868 de Proceso) pero con Alonso Lujambio se puede advertir cómo la ausencia de socialización de conocimiento, la colusión y la doble moral se han convertido en una cortina de humo para ver un poco más allá de la nota informativa “cuidada” por razones de una ética anclada en la simulación.
Las declaraciones de Lujambio son dignas de un análisis que no debiera ser pasado por alto. Ha afirmado que: “”La verdad es que es una enfermedad difícil pero aquí estoy con mis hijos y con mi esposa, estuvimos 8 meses en Estados Unidos y probamos todo lo habido y por haber” (Reforma.29.08.2012). Hay varias interrogantes que aún no tienen respuesta:
¿Por qué el gobierno federal gastó del erario el pago de los mejores médicos en Estados Unidos que le permitiera al ex secretario de Educación pro bar “lo habido y por haber” para tratar su enfermedad? ¿Por qué en su traslado se utilizó una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana? ¿Cuál es el fundamento legal utilizado por el gobierno de Calderón que le hubiera permitido distinguir entre un seguro de gastos médicos mayores que sólo acepta generalmente urgencias en el extranjero y la cobertura especial, si ese fuera el caso, con Lujambio? ¿Cómo justificar que Lujambio debe tener la mejor atención del mundo y las personas de a pie el “seguro popular” de Calderón? Hasta ahora no hay respuesta alguna. Sólo un silencio cómplice.
Segundo. Alonso Lujambio no dejó lugar a dudas sobre su situación médica. Distintos medios coinciden en señalar que: “en silla de ruedas y con un parche en el ojo derecho, detalló que el cáncer le afectó el sistema nervioso central, lo que provocó que empezara a ver doble, motivo por el cual tuvo que recurrir a este aditamento para evitarlo. (http://ww2.noticiasmvs. com/noticias/ nacionales/se-registra-alonso-lujambio-como-senador-221.html).
Pareciera loable la sinceridad de Lujambio al hablar de su estado de salud, pero en realidad demuestra que no sabe que su propia circunstancia le debiera impedir ejercer un cargo de representación popular. ¿Qué médico en su sano juicio podría sugerir que el ejercicio de un cargo público es un aliado para combatir el cáncer? La sociedad tiene derecho a tener “gobernantes sanos” (The New York Times dixit). Ahora no podrá ser el caso.
Lujambio no podrá rendir al 100 por ciento en su nuevo encargo, pero cobrará como si lo hiciera. ¿Cómo justificar legal y moralmente esa situación? Peor todavía, el sentido común aconseja que precisamente por tener afectaciones “al sistema nervioso central”, Lujambio no podría estar en una comisión porque podría poner en riesgo al país ¿Se imagina alguien a Lujambio como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de la de Seguridad Pública, Gobernación o de cualquier otra? ¿Cómo hará al menos para asistir puntualmente a las sesiones del Senado?
En otras palabras se tendrá que hacer una discriminación positiva y tratarlo desigual por su enfermedad, pero sin tocar un solo peso de sus percepciones, lo que no tiene racionalidad alguna. Es entendible que si durante el encargo se le detecta una enfermedad pueda invocar la incapacidad médica temporal. Nadie tiene el futuro asegurado. Pero este no es el caso. De manera pública se sabe que llega en un estado delicado de salud.
Tercero. Lo que pasa aquí es un ejemplo de lo que no debe existir. En México no se ha desarrollado como en las democracias una cultura de la dignidad ni del honor público. Por desgracia todo debe estar en la ley para tener al menos cierta seguridad sicológica de que pueda eventualmente cumplirse.
En ese tenor, estos casos deben regularse, al menos incluyendo los siguientes rubros en la Constitución y las leyes electorales, federal y locales: a) Deben introducirse exámenes médicos generales como requisito en la ley electoral, haciendo pública sólo aquella porción de información que pueda afectar el interés público, preservando así el legítimo derecho a la vida privada del gobernante; y b) Deben hacerse exámenes médicos y sicológicos anuales para evaluar si el ejercicio del poder no ha impactado en la salud de quienes ejercen cargos públicos de elección y de mandos superiores.
Alonso Lujambio por su bien y el de todos nosotros debe irse a su casa para seguir su tratamiento médico y con sus propios recursos. Es un absurdo, en cambio, que anteponga su interés político personal sobre el interés general sabiendo que sus capacidades están afectadas como él mismo lo ha reconocido.
Su propia ambición de poder ha hecho que renuncie voluntariamente a su derecho a la propia imagen y se muestre visualmente con todo desparpajo con las secuelas de su grave mal que será casi imposible revertir. De la misma forma pone de relieve la irresponsabilidad del PAN y el desprecio por sus electores al incorporar a una persona que sabía que sufre una enfermedad terminal como representante popular. El hecho de que nadie diga nada es ya un síntoma de que como sociedad tenemos todo por mejorar.
