El estado de Oaxaca, y para ser concreto, su población, está sufriendo las consecuencias de los errores de los gobernantes: desabasto de alimentos de primera necesidad, desabasto de combustibles, gas y medicinas; carestía circunstancias, no estructural, inseguridad presente y alarmante, imposibilidad confiable de traslado, dificultades para el transporte de pasajeros y de carga, inactividad social, para de escuelas de los niveles Básico y Media Superior, actividades gubernamentales suspendidas, plantones, bloqueos, campamentos en vialidades y plazas públicas y sectores de la población respaldando ya no a la CNTE, y sí demandando justicia, a más de desconocimiento, incertidumbre, conjeturas: casi ¿ingobernabilidad?

Hasta el momento, nadie sabe qué pasó.

Hasta el momento nadie mató a ninguno de los muertos – cuya cantidad real se desconoce. La cifra oficial es de ocho – 8 -.

Igualmente nadie sabe quién hirió a los policías.

Se desconoce el nombre y ubicación del sacerdote que, gramófono en mano, incitó a la población a manifestarse y participare n el zafarrancho. NADIE CREERÁ LA VERSIÓN OFICIAL.

Se manifiesta una paz sepulcral, literariamente hablando, pero bajo la capa superficial, está la tensión: Los llamados sectores productivos han puesto el grito en el cielo porque el estado está parado, no hay combustible para los transportes y las líneas de pasajeros no trabajan formalmente por el temor a los bloqueos; la industria del turismo está fracturada y vive con déficits, pues turismo, si se manifiesta, pero no en los volúmenes acostumbrados: el miedo y el desconcierto reinan en el estado y las principales rutas económicas. Se dice que han dejado de moverse miles de millones de pesos.

¿Qué hacer? Simple y sencillo: Definir de quién es competencia y actuar. Aplicar la ley tope en donde tope. Es tiempo de las instituciones republicanas, estatales y federales.

El gobernador debe ser llamado a cuentas: lo que se vive es resultante de su incompetencia, de su inhabilidad, de sus pactos-acuerdos políticos con fuerzas socialmente agresivas y chantajistas y oportunistas, omisión con ellas, y hasta complicidad con ellas y de su gobierno opaco y carente de autoridad y mando.

Si se esperan más tiempo, será más cara la solución. El Estado mexicano tiene salidas y vías legales que están en la Constitución. El pueblo y los más desprotegidos de los servidores públicos no tienen por qué pagar esta situación.

Gabino Cué debe retirarse, solicitar licencia para permitir se investigue a fondo para que se aplique la justicia, que es indicador de Buen Gobierno y que se retorna al Estado de Derecho.