La presidencia de la República y sus asesores no entendieron el mensaje que depositó en las urnas el pasado 5 del presente la sociedad consultada y que acudió a votar: los grupos sociales está hartas, cansadas de lo mismo: corrupción e impunidad.
Para combatir la corrupción y la impunidad, los asesores de la presidencia de la República y los representantes populares de cada uno de los partidos políticos representados en el H. Congreso de la Unión, elaboraron, trabajaron y, siguiendo el mecanismo-procedimiento legislativo formal, votaron una ley para formalizar la creación del llamado sistema contra la corrupción y en esta ley se incluyó la obligación de que los particulares que fueran proveedores, prestadores y beneficiarios de servicios ante el Estado cumplieran la Ley de 3 de 3 – realizar declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses – y cuando ya estuvo aprobada por ambas cámaras, el presidente de la República, antes de ordenar su edición-publicación, la vetó-detuvo, lo que es su derecho y la regresó a la cámara de origen.
Se supo, y así fue difundido, que el presidente de la República se había reunido con la cúpula de la COPARMEX y del Consejo Consultivo Empresarial y estos le presentaron serias objeciones a la llamada Ley 3 de 3.
Por lo que filtró y/o quisieron que se conociera es que esa ley obligaba a realizar declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses hasta a los becarios estudiantiles y por ahí se fue la justificación.
Se desconoce por dónde transitará el texto ya modificado, para no molestar a la iniciativa privada, mas…
Lo cierto es que la corrupción tiene dos partes-fases: la que propone, que generalmente es un particular – persona física o persona moral – y la otra, está el servidor público.
La corrupción no puede estar, por origen, únicamente de un lado – de los servidores públicos -. El servidor público no es corrupto por función y por nacimiento, ni hereditario, ni por continuismo; se es porque alguien le llega a proponer, y por las razones que sean, más humanas que morales, y lo acepta.
Sacar a la iniciativa privada de este binomio es injusto y un error político que el partido en el poder jamás podrá contener y resolver la corrupción y la impunidad.
Ese no es el camino. El camino es piso parejo para todos, hasta para los becarios de todos los niveles y prestadores de servicios sociales, con mayor razón a los proveedores y prestadores de servicios comerciales.
Es deseable que los legisladores encuentren la cuadratura al círculo y se obligue a los particulares y personas morales a cubrir este requisito, que si bien no resuelve totalmente el asunto de la corrupción, sí coadyuva a su combate.
