En relación al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – presentado sobre la situación de los llamados Derechos Humanos, el Estado mexicano, por medio de la Secretaría de Gobernación, la secretaría de Relaciones exteriores y la Procuraduría General de la República ofreció su respuesta de Estado.
Y la respuesta fue inédita, y en 92 páginas.
A continuación algunos párrafos:
1° Si bien en el Informe de la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten.
2°. Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país nos e vive una crisis de Derechos Humanos, y que, las observaciones preliminares de la CIDH se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en ligares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años.
3°.- La visita de la CIDH tuvo un sesgo inicial al enfocarse en encontrar violaciones de derechos humanos, sin considerar las acciones desplegadas para enfrentar la violencia ignorando más de 50 años de avances.
4°.-El Estado mexicano cuestionó que haya citado a 827 ocasiones a organizaciones de la sociedad civil y notas periodísticas de Medios “con perfiles muy definidos” y únicamente 82 veces a autoridades del país.
5°.- El Informe de la CIDH desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos.
6°.-Dicho Informe no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado le formuló a la Comisión.
7°.-Sobre el tema de desaparecidos, la cifra de 26 mil que aparece en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no debe ser referente para evaluar la magnitud del problema, porque incluye a quienes no están localizados por cualquier motivo.
8°.-Es preocupante que la CIDH se refiera a cifras de homicidios no precisamente de ejecuciones extrajudiciales, y con base en ellos concluye la existencia de impunidad sistemática y endémica, lo que se presta a confusiones y a un diagnóstico incorrecto.
El Estado, el gobierno mexicano sigue metido en una paradoja en la que acepta e invita a organismos internacionales – lo que entiende – a hacer su labor y luego les avienta un alud de descalificaciones.
También es cierto que no se debe negar la realidad. No es conveniente negarla, ni tratar de tapar el sol con un dedo:
Policías, jueces, solados y ministerios públicos que a lo largo y ancho del país se ven incentivados, motivados, a no cambiar, después de todo, el Estado – tres secretaría de Estado – afirman formalmente – que aquí no pasa nada.
Si bien no estamos en crisis, tampoco vivimos en un paraíso de Derechos Humanos.
