En su comparecencia ante el Senado de la República, la procuradora general de la República informó que dos de los principales ofrecimientos de la presidencia de la Republica hacia loso Padres de los 43 normalistas desaparecidos se han materializado: la nueva comisión de expertos y la Fiscalía Especializada de búsqueda de personas desaparecidas.
Esta comisión estará formada por Renne Kolsaka – canadiense -, UIrsula Wittewave – Alemana -, John D. Dehaan – Estados Unidos – Ricardo Saldaña y Ricardo Damián – de México -, Antonio del Amo – de España – Eneldo Torres, de Cuba, a quienes se incorporará el peruano José Torero.
Es loable que la presidencia de la República tome decisiones con la comprensible finalidad de tener otro informe que genere certidumbre, más certidumbre irrecusable y ofrezca niveles de aceptación y confianza en los dictámenes.
Sin embargo, es anticipadamente sabido la respuesta de esta organización: NO aceptar los informes, porque los están manipulados y adoctrinados. El ambiente geográfico y social es en contra de cualquier administración federal.
Tal vez, no se ha agotado o si se ha utilizado no se ha informado de los resultados: ¿Habrá la presidencia de la República abierto la cartera de las obras de servicio público con el ofrecimiento de realización de obras de desarrollo de infraestructura urbana, rural, más hospitales, más escuelas, más carreteras, más obras de introducción de agua potable, de riego, de tomas domiciliarias de agua? ¿Habrá ofrecido becas escolares? Acaso obras de mejoramiento de la infraestructura de la escuela normal rural de Ayotzinapa?
¿Habrá agotado el expediente de ofrecer una pensión vitalicia a los padres de cada uno de los desaparecidos y heridos y en recuperación?
¿Qué le cuesta al gobierno de la república abrir la cartera y ofrecer una cantidad de siete dígitos?En realidad, nada.
Todos los ofrecimientos del gobierno de la República se pueden realizar, menos dos: la vida de los muchachos y la confianza y certidumbre en las acciones del Estado.
Y eso que éste caso, dejó de ser un asunto policiaco, de procuración y administración de la justicia, para transformarse, evolucionar, hacia un conflicto de configuración política, pero no se resuelto porque los demandantes quieren un imposible y se niegan a aceptar los hechos.
Ante esto no se puede hacer nada…sólo abrir la cartera y esperar.
Pero es magnífico que el gobierno de la República dé cumplimiento a la parte medular de los acuerdos del 24 de septiembre, pasados. Ojalá los resultados sean aceptados.
