Nuestro país tiene un sistema penitenciario colapsado y de continuar con este modelo, tendrá que construir un penal con capacidad de atención para 2,500 reclusos cada año advirtió la Coordinadora de proyectos de al Open Society Justice Initiative –OSJI, Ina Zoon, durante la presentación del INORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUIMANOS, SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS.
Afirmó que:“El uso excesivo de prisión preventiva y del arraigo son el reflejo de enfoques equivocados en las políticas públicas en materia de seguridad, que es muy similar al resto de los países de América. En lugar de estudiar los flujos de entrada en el sistema penitenciario, los estados intentan resolver el problema construyendo más cárceles y endureciendo la aplicación del derecho penal que es similar a intentar curar una enfermedad grave con Paracetamol.“
Rosalinda Salinas Durán, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal resaltó que en el caso de la ciudad de México, la violencia en las cárceles es comparable con la de todos los centros penitenciarios de Colombia: En Colombia, en el periodo de 2005 a 2009, ocurrieron 113 asesinatos en las cárceles y casi en el mismo periodo, en el Distrito Federal hubo 98. Entre octubre y noviembre de 2004, hubo 313 riñas y dos homicidios. Venezuela ocupa el primer lugar en violencia en los centros penitenciarios: en el periodo de referencia, con 4,358 heridos y 1,865 muertos.
Salinas Durán, resaltó lo siguiente: LO QUE LA CIDH LLAMA GOBIERNOS COMPARTIDOS ES COMÚN EN LAS CÁRCELES DONDE LAS SITUACIONES O RELACIONES DE SUBORDINACIÓN ENTRE LOS INTERNOS- QUE A VECES SUSTUITUYEN LA OFERTA Y LAS RELACIONES DE TRABAJO QUE DEBERÍAN SATISFACERSE DESDE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA.
El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrés Pizarro Sotomayor informó – lo que ya se sabe -: LOA PROBLEMAS MÁS GRAVES Y GENERALIZADOS EN LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS DEL CONTINENTE SON EL HACINAMIENTO Y LA SOBREPOBLACIÓN, LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE RECLUSIÓN, TANTO FÍSICAS COMO DE SERVICIOS BÁSICOS, LSO, ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA CARCELARIA Y LA FALTA DE CONTROL EFECTIVO DE LASA UORIDADES, ASÍ COMO EL HÉMELO DE TORTURA CON FINES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, Y EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUSTODIOS. LOS CENTROS DEPRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SE HAN CONVERTIDOS EN ÁMBITOS CARENTES DEMOPNITOPREO Y FISCVALIZACIÓN EN LOS QUE TRADICIONALMENTE HAN IMPERADO LA ARBITRARIEDAD, AL CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA.
En nuestro país, la mayoría de estas instalaciones – que no son centros de readaptación social, ni de inserción social – son escuelas de actualización, superación y formación criminal; centros de administración empresarial delictiva, oficinas de los zares de la criminal de la región y cuerpos sociales inoculados, infectados, enfermos endémicamente de corrupción. Es natural que los funcionarios y elementos que integran su cuerpo de gobierno y vigilancia sean enlistados en las nóminas de las organizaciones criminales.
Ahí están los hechos: En un porcentaje muy mayoritario, todos esos centros de reclusión tiene autogobierno y se hace lo que los señores de los presidios ordenan.
Desde Fernando Gómez Mont, en funciones de secretario de Gobernación, filosofía de atención y la finalidad de estos lugares se cambiaría; al sustituirlo a él, todo sigue igual: o en el limbo o en el purgatorio o en el infierno.
