El problema es grave y ya está aquí: el pago de pensiones engrosa la deuda de estados y universidades, y amenaza con quebrar las finanzas públicas. Y mientras muchos jubilados tienen que trabajar por las bajas pensiones que reciben, otros cobran pensión doble y ganan como altos ejecutivos.
El pasado 28 de mayo Roberto Hernández contó el tortuoso camino que emprendió su padre a fin de ganar lo suficiente para vivir.
Su progenitor es ingeniero mecánico con un MBA (Master in Business Administration), pero no encuentra trabajo por una deficiencia auditiva. “La tragedia fue completa el día en que los pesos de su pensión se volvieron nuevos pesos y luego sólo pesos, y así como se hicieron invisibles los ceros en nuestra moneda, se hizo invisible su ahorro para el retiro”, contó Hernández.
Casos como éste en que la pensión es insuficiente para cubrir necesidades básicas es un recordatorio de que se acerca la fecha de caducidad para los distintos sistemas de pensiones que coexisten en México, con consecuencias para las finanzas públicas.
En su estado actual, el problema ya rebasó la capacidad financiera del estado mexicano. Si el gobierno quisiera que millones de trabajadores como Hernández tuvieran una pensión que les permita mantener su nivel de vida, tendría que inyectar al sistema el equivalente 31.6% del PIB (unos 4.2 billones de pesos), calcula la consultora De la Calle Madrazo Mancera.
Otra evidencia del deterioro está en la Universidad de Oaxaca, institución que hoy tendría que recibir 150 millones de pesos (mdp) para evitar que en cinco años tenga que destinar más dinero al pago de pensiones que al pago de su nómina de ese momento, advirtió a finales del año pasado el rector, Eduardo Martínez Helmes. A las pensiones insuficientes y al hueco financiero que producen, se suman casos de mal manejo, como los encontrados por la Auditoría Fiscal de la Federación, un organismo de la Cámara de Diputados, que desde su informe de 2013 reportó casos de pensionados en la Universidad de Nuevo León que recibían más de 200,000 pesos mensuales.
Para tapar el hoyo que ya tienen las finanzas estatales, cada año el gobierno mexicano toma 528,000 mdp, equivalentes a 3.8% del PIB, del dinero debería ir a dependencias federales, como las secretarías de estado.
Y luego están los trabajadores de empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de burócratas de gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores no aportan al sistema pero reciben una pensión con cargo al presupuesto público.
Para complicar más el escenario, el aumento en la expectativa de vida, que ya sobrepasa los 70 años, extiende el tiempo de cobertura de las pensiones y configura una amenaza más para los recursos públicos. “El tema de envejecimiento está acercando a México cada vez más a una crisis financiera”, opina Moisés Pérez, analista de Invex.
Quienes hoy tienen entre 25 o 35 años serán adultos mayores en 2050, y para entonces habrá 13 mexicanos en edad de recibir una pensión por cada 10 jóvenes laboralmente activos y aportantes al sistema. O dicho de otra manera, por cada pensionado, habrá sólo tres trabajadores activos, advierte Leopoldo Somohano, director corporativo de Planeación Estratégica de Principal Financial Group México.
Aunque el cataclismo parece lejano, los expertos advierten que este es el momento de comenzar a aplicar soluciones o, con el paso del tiempo, atajar el problema será más difícil y costoso. Dicho de otra manera, en 20 años se necesitarán seis millones de empleos nuevos para mantener el sistema en equilibrio, algo que se ve difícil de cubrir pues hasta ahora la meta de crear un millón de empleos anuales no se ha podido alcanzar por los distintos gobiernos, señala Miguel Ángel Corro Manrique, director del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.
Pero la emergencia ya está aquí. Las universidades estatales tienen con relación a las pensiones 400,000 mdp no fondeados, es decir, que no tienen reservas para hacerle frente a ese adeudo, como es el caso de Oaxaca, estima Esteban Martina, socio director de Pro Consulting.
Una característica del sistema de pensiones en México es su alta fragmentación (coexisten un sistema de reparto y uno de capitalización individual), debido a que han respondido a distintas problemáticas, muchas de ellas asociadas con negociaciones contractuales en el sector público, y no a una política social planificada.
En México se reportan 104 programas de beneficio definido (en este esquema el trabajador no ahorra para su retiro), según Andrés Castro, presidente ejecutivo para Latinoamérica de SURA, una de las empresas que administra pensiones bajo el sistema de capitalización individual. Destacan el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, pero también están los de la mayoría de los gobiernos y universidades estatales. Hay casos como el de Nuevo León que ya hizo reformas para resolver el problema.
El IMSS en 1997 y el ISSSTE en 2010 pasaron de un esquema de aportaciones colectivas a uno conformado por cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación. El argumento para realizar la reforma fue que el sistema de beneficios definidos ya no era sostenible, pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto, habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones). Como resultado de esa reforma, se crearon las afores, que hoy administran 2.4 billones de pesos.
Pero fue una solución parcial y que no resolvió el problema financiero. Por un lado, los trabajadores que empezaron a cotizar antes de las reformas conservan su derecho a obtener una pensión bajo el antiguo régimen. Tan sólo cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de las reformas, con base en la Ley del IMSS de 1973, costará al gobierno federal 30% del PIB, calcula De La Calle.
Pero además persisten los pasivos por pensiones del IMSS, Pemex, CFE, universidades públicas y gobiernos estatales, que hoy superan en valor a la economía mexicana, pues equivalen a 116% del PIB y son, por tanto, la quiebra técnica, pues estos compromisos son financieramente imposibles de cumplir.
Tan sólo los pasivos laborales del IMSS, en el rubro de beneficios definidos, equivale a 1.5 billones de pesos, esto es más de 10% del PIB, mientras que el presupuesto total del Instituto es de 497,695 mdp, según su último informe entregado al Congreso.
El costo fiscal del pasivo laboral del IMSS entre 2012-2050 será de 32.9% del PIB, sobre todo por el pago de pensiones relacionadas con la Ley de 1973, es decir aquella generación que tiene derecho a una pensión garantizada, pero también porque crecerá la población en edad para jubilarse.
“Es un problema serio –explica Tapen Sinha, investigador del Itam. El dinero que se contribuyó (para esas pensiones no está en un fondo), la manera que se fondean esas pensiones es simplemente con recursos públicos.”
Además, están los empleados de Pemex, que no ahorran para su retiro porque ni la ley ni su contrato colectivo se los exige. Ese derecho a la pensión, sin obligación de contribuir a su financiamiento, ha generado una deuda de 10% del PIB, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Papa caliente
La mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales. Aun así, el asunto de las pensiones no está considerado en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Ni siquiera porque dentro de 10 años el pago de pensiones representará casi la mitad de toda la nómina estatal 46%, según estimaciones de la calificadora Standard & Poor’s (S&P).
El gobierno federal ya destina hoy el equivalente a 3.1% del PIB, cerca de 530,000 mdp para el pago de pensiones estatales, y toma ese dinero del gasto programable, es decir, de lo que hace llegar a entidades federales, como son las secretarías de estado.
Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, 45.1% de las universidades dispone de un sistema de pensiones propio, es decir, independiente al ISSSTE, pero a la vez sus trabajadores reciben pensiones de alguna institución de seguridad social (IMSS o ISSSTE).
La duplicidad es uno de los grandes problemas de los sistemas de pensiones, señala Alejandro Villagómez, profesor investigador del CIDE, y que hace necesario, agrega, avanzar hacia la creación de un sistema de pensiones homogéneo.
Pero no es la única distorsión. Al mismo tiempo que el dinero para las pensiones tiene que tomarse de otro lado, hay pensiones de 200,000 pesos al mes, como en la Universidad de Nuevo León. Los pasivos de pensiones relacionados con el gremio de los maestros son los que más tienen en aprietos a los gobiernos estatales.
Lo más que pueden hacer la mayoría de los estados es mantenerse al día en el pago de las pensiones, pero al hacerlo se quedan sin dinero para las pensiones futuras, opina Daniela Brandazza, directora ejecutiva de finanzas públicas de Standard & Poor’s.
Cuando el futuro te alcance
Al igual que el padre del documentalista Hernández, María Cristina Mejía tiene que buscarse el sustento, pese a lo avanzado de su edad. Durante muchos años fue comerciante y no ahorró para su retiro, así que hoy cubre una jornada de 5 a 11 pm como empacadora en un autoservicio del centro comercial Mundo E. “Me siento útil”, dice pese a tener que regresar a su casa después de que el transporte públicodejó de circular.
Antes los empacadores en los supermercados o “cerrillos” eran niños. Ahora se han incorporado a esa actividad adultos mayores, ya que la falta de acceso a una pensión o a que reciben una que no les alcanza para cubrir sus gastos, los obliga a trabajar por una propina. Seis de cada 10 mexicanos mayores de 65 años no están en ningún sistema de retiro que garantice una pensión en la vejez, y Mejía forma parte de esa estadística.
El que los adultos en edad de jubilación sigan activos laboralmente inhibe la productividad del país, ya que se impide la incorporación de jóvenes con mayor capacitación, opina Pérez, de Monex. Estimaciones hablan de que 25% de las personas de más de 80 años siguen trabajando.
En el caso de los principales sistemas de pensiones contributivas, el IMSS e ISSSTE, sólo cubren a 39.9% de la población económicamente activa (PEA), esto es cerca de 56.6 millones de personas. Pero incluso el otro 40% que sí tiene derecho a una pensión, sólo obtiene en promedio entre 30 y 50% de su último salario. Con el esquema actual, en el que el trabajador ahorra 6.5% de su salario, alguien que percibió 30,000 pesos mensuales en el último quinquenio de su vida laboral y estuvo afiliado al IMSS, recibirá 9,900 pesos.
Una de las razones por las que la cobertura del sistema de pensiones no ha evolucionado como se esperaba es la alta tasa de informalidad en el mercado de trabajo. Además, las tasas de reemplazo de las pensiones por vejez (la pensión obtenida respecto de los últimos salarios) serán bajas en el sistema de contribución definida, debido al bajo porcentaje de aportaciones y a la proporción de la población que cotiza: sólo 26% de la pea.
La situación económica de los mexicanos tampoco ayuda para tener un sistema de ahorro para el retiro robusto. Uno de cada cinco mexicanos con empleo gana un salario mínimo (1,943 pesos mensuales), además de que en los últimos 20 años han perdido 72% de su poder adquisitivo, lo que limita el ahorro voluntario que haría crecer la bolsa de recursos de la cual saldrá la pensión.
Los trabajadores con mejores ingresos tampoco tienen incentivos para ahorrar. Sólo es posible deducir de impuestos el 10% de los ingresos ahorrados en un año, siempre que ese monto no supere el equivalente a cinco salarios mínimos anuales (109,171 pesos).
Además de la baja capacidad de ahorro, la mayoría de los mexicanos dan alta preferencia al consumo presente y priorizan los beneficios de corto plazo, además de que los trabajadores desconocen los productos y características de los planes de ahorro voluntario, indica el estudio Cómo fortalecer los sistemas de pensiones latinoamericanos, presentado a finales de mayo.
Los rendimientos de las empresas que administran los ahorros de los trabajadores en el sistema individualizado tampoco ayudan. Desde 1997, las afores en México han ofrecido un rendimiento anual promedio de 6%, una tasa inferior a la de otros países, lo que aleja más la posibilidad de recibir una pensión adecuada para mantener el estilo de vida al que se acostumbró un trabajador durante su vida laboral.
La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) reconoce que persiste una alta concentración de las inversiones de las afores en instrumentos de deuda. A diferencia de países como Chile, en México sólo 20% de los fondos pueden invertirse en el extranjero, lo que limita la búsqueda de ganancias.
Las administradoras del país andino, que tienen permitido invertir hasta 80% de los recursos en instrumentos internacionales, lograron rendimientos de 1.40% en el primer trimestre del año, contra una minusvalía de 1.27% en el caso de las administradoras mexicanas, según la Amafore. “Si no modificamos y damos más libertad para invertir en distintas alternativas, será inevitable tener menores rendimientos hacia adelante”, reconoce Carlos Ramírez, presidente de la Consar.
De hecho, eso ya sucede. Mientras que en los primeros 10 años después de la reforma de 1997 el rendimiento promedio para los trabajadores que tienen una afore fue de 9%, hoy es de sólo el 6%.
Una forma de mejorar los rendimientos para los trabajadores es la reducción de las comisiones que cobran las afores por administrar los fondos. Pero la regulación determina el cobro de una sola comisión como porcentaje de los saldos administrados, con lo cual las administradoras que están por debajo del promedio de comisiones, no tienen incentivos para bajar aún más los precios.
México podría adoptar el esquema vigente en Uruguay, donde las administradoras eligen el porcentaje de comisiones que cobran. Sólo que enfrente tienen la competencia de una administradora estatal, que tiene 40% de los afiliados y 56% de los fondos, y cobra bajas comisiones, lo que la convierte en un regulador natural de precios. La gran asignatura de las pensiones es la competencia, señala Gabriel Martínez, profesor investigador del Itam.
En casi 20 años, prácticamente no hay empresas nuevas que hayan llegado al mercado, lo que limita las opciones del trabajador y hace que tengan que conformarse con las minusvalías que tiene el sistema, pero sobre todo aceptar que las comisiones no bajen.
“Se comparan las comisiones respecto de los activos, como estos aumentan siempre parecerá que bajan las comisiones y no necesariamente es así, siguen siendo muy altas –explica Martínez. Si hubiera competencia, veríamos a los trabajadores escogiendo sus instrumentos de inversión; un sistema más sencillo de ahorro y decisión sobre tus recursos”.
El pasado 6 de julio, la Comisión Federal de Competencia Económica informó que inició una investigación de las afores por posibles prácticas monopólicas absolutas (colusión entre competidores para manipular precios o repartirse un mercado).
Ramírez, de la Consar, estima que las comisiones seguirán a la baja y un nivel adecuado podría ser de 1.1% a 0.80%. Las afores también deben mejorar su capital humano — la Consar está próxima a emitir una circular para regular el tema— mejorar su gobierno corporativo, las reglas para los traspasos y blindar las decisiones de inversión.
Pero el abismo sigue ahí. ¿Cómo salimos de este nudo?, se pregunta el presidente de la Consar. El camino tomado por países europeos, donde el envejecimiento demográfico es más marcado que en México, es el impulso del ahorro voluntario y aumentar la edad de jubilación.
En el caso de México, sería necesario ahorrar al menos 15% del salario, calcula Sinha. Pero si el gobierno quiere que el trabajador contribuya más a su propia pensión, hacen falta incentivos como una mayor deducibilidad de las aportaciones y más mecanismos para imprevistos. “Al trabajador le gusta tener su fondo de ahorro, pero también tenerlo disponible”, dice Andrés Castro, presidente ejecutivo de SURA Asset Management Latinoamérica.
El primer desafío es que el problema de pensiones esté en la agenda de los gobernantes, señala Sinha, pues en 15 años “se comerán” la mitad de las finanzas públicas. Pero Sinha es realista. “Luego de una reunión en la Cámara de Diputados un legislador me dijo: `mire usted, dice que en 2030 vamos a tener un grave problema, en esa fecha yo ya no estaré en la Cámara de Diputados, a mí qué”.
El punto es que si no se plantea una solución hoy, concluye, no la habrá mañana.
