Dígase lo que se diga, varios hechos y cosas son ciertas: En casi todo el estado – Michoacán – se ha fortalecido la delincuencia organizada o desorganizada – en todos los tipos y grados –; no hay grupo-clase y sector social, ni lugar, que se escape y las fuerzas policiacas lucen impotentes para su contención, ya no digamos solución y el llamado mando único existe literalmente, porque en la práctica, en la realidad, no existe.
No hay respuestas, ni tampoco resultados.
Desde el llamado origen de la institucionalización de las fuerzas rurales, fuerzas ciudadanas y el mando único, se consideró que se estaban concediendo patentes de corso a los delincuentes para actuar bajo la cobertura de la ley, pero nadie hizo caso.
No han sido pocos ni sencillos los actos y casos en donde esas fuerzas delincuenciales institucionalizadas han actuado fuera de la ley y la inactividad del gobierno, de la autoridad, lo único que hace es incrementar la impunidad y la corrupción y mostrar que no existe Estado de Derecho.
En la tristísima etapa-época del comisionado Alfredo Castillo Cervantes y sus actos mediáticos y propagandísticos, con la contención, desarme y regularización de muchos elementos de las fuerzas rurales, autodefensas y demás figuras semejantes, frente a la historia de hechos, los juegos de intereses de todos los grupos regionales armados y la no actuación del Estado, del gobierno, con actos de autoridad aplicando la ley, se informó que esa acción – de dar de alta como trabajador en el área de seguridad a este tipo de elementos, sin estudios básicos e, incluso con antecedentes penales y/ o procesos en trámite -, no generaría resultados positivos, desde el punto de vista social y ahí están los resultados.
Era verdaderamente imposible que sin formación policial, sin capacitación militarizada, sin entrenamiento, sin equipo y sin salarios atractivos y prestaciones de ley – fundamentalmente – este tipo de fuerzas regulares, paramilitares, ofrecieran seguridad a la sociedad.
El anunciado acto de limpia-depuración de las fuerzas rurales – de Apatzingán – y de todos los lugares en donde están acantonadas – la zona del conflicto, la zona de guerra, debe darse, pero, también, en base en la aplicación de la ley y teniendo como base el Estado de Derecho: Quien tenga el perfil y no tenga antecedentes penales, que continué y quien no, pues no y punto.
El otro punto es pagarles bien, equiparlos lo mejor posible y ofrecerles entrenamiento. Nada más eso. De otra forma, será seguir en la espiral de la inacción e indefensión, aunque, virtualmente todo esté magnífico.
