Los partidos con reales posibilidades de ganar –PAN, PRD, PRI Y MORENA – están preocupados por las existencias de posibilidades o de pruebas que o incriminen o indiquen a algunos de sus candidatos como sujetos a una investigación=proceso jurídico en su contra. En todos ellos está presente el recuerdo=experiencia de los sucesos de Cocula-Iguala-Ayotzinapa y de la vinculación de su presidente municipal con la delincuencia organizada con la que construyó un cogobierno con fines políticos posteriores de mayor poder e influencia política en la región=estado y no desean que se repita en ninguno de sus candidatos y/o autoridades resultantes de la decisión mayoritaria de la sociedad.
Esa es una de los escenarios que tratan de evitar y eso los mueve a tomar decisiones poco congruentes, como las del MORENA y del PRD: solicitar a la PGR que investigue si sus candidatos tienen antecedentes penales, para evitar su registro ante los órganos distritales del Instituto Nacional Electoral o de los institutos electorales estatales y deslindarse de cualquier responsabilidad y sean las instancias jurisdiccionales de justicia los que carguen con esa responsabilidad, de presentarse algún caso.
(Sólo imagínese la cantidad de averiguaciones ministeriales que realizaría la PGR y las respectivas procuradurías estatales).
Para César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, esta solicitud es un “disparate” la solicitud de MORENA y del PRD; es un despropósito, un absurdo y está totalmente fuera de lugar…no tendría base legal o proceder con algo así. La PGR investiga denuncias y persigue delitos de oficio, pero aquí ni lo uno ni lo otro…la petición es de una fragilidad brutal que no tiene pies ni cabeza…se trata demás de 30 mil candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y estatales, así como a presidencias municipales, incluidos sus respetivos suplentes… ¿por dónde empezar?; no hay una hebra; es demagógico y contrario a la ley: Es impráctico.
Partiendo de la lógica, los partidos políticos tienen líderes regionales que son conocidos en los territorios y deben estar al tanto de sus currículum vitae e incluyendo en sus convocatorias la presentación de una constancia de no antecedentes penales, actualizada, al día, real, sin falsificar, y que los distritos del INE y de los organismos electorales estatales la exijan, con eso tiene, en un Estado de Derecho.
¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?
Si imaginan el enorme trabajo – cuantitativo y cualitativo – de la PGR y de la PGJ al realizar en tiempo mínimo investigación criminalística de todos los candidatos a los puestos de elección popular.
Debe existir congruencia y sentido común y cada uno – persona moral y física – cargar con la culpa=responsabilidad que le corresponde.
