En nuestro país estamos hundidos en el escándalo de los ejemplos de corrupción y del escándalo y esto no es único: En todo el mundo se dan los casos y un día sí y otro también se difunden los escandalosos casos de corrupción al amparo del poder público, como está sucediendo en Brasil y en España, pero la diferencia es que allá sí actúan las instituciones jurisdiccionales para evitar los desvío de dinero, peculados, hurtos y demás, realizados al amparo y con la protección de del Poder.
Mas no es mal de muchos y consuelo de tontos.
El pasado jueves 16 del presente, la Agencia Tributaria Española – algo semejante nuestro Sistema de Administración Tributaria – registró su domicilio y detuvo a Rodrigo Rajoy y detuvo y lo acusa de “intentar ocultar patrimonio para evitar hacer frente a embargos y a la fianza, derivadas del escándalo de Bankía – algo así, muy parecido a nuestras Cajas de Ahorro=caso Dromundo, que truenan muy seguido -, alzamiento de bienes – mediante un complejo entramado societario -, blanqueo de dinero a través de cuentas en paraísos fiscales – como Gibraltar Suazilandia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana – y tráfico de divisas por valor de 12 millones de euros”; además, está siendo investigado por el servicio ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, a petición de la Agencia Tributaria, por no cuadrar sus declaraciones de renta tras acogerse a la llamada Amnistía Fiscal de 2012.
¿Por qué es inédito el registro de su domicilio y detención?
Rodrigo Rato fue secretario de Hacienda en el gobierno de José María Aznar y ocupó el tercer lugar en el escalafón de facto de la jerarquía mundial como director gerente del Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Rato protagonizó el mayor fiasco de la historia financiera reciente de España, que causó perjuicio a miles de inversores particulares e instituciones y que debió ser rescatada por unos 22,000 millones de euros.
Con la denuncia de la Agencia Tributaria, el gobierno inició el camino demandado por la opinión pública para perseguir de forma implacable a quienes con su actuación socavan los principios de convivencia y su retención demuestra que son las instituciones del Estado de Derecho las únicas capaces de impartir justicia y que la solución no es la demolición=destrucción del orden constitucional, pero sí debe serlo su regeneración urgente.
Bueno, allá las instituciones sí actúan y reafirman el Estado de Derecho y, ¿aquí, cuándo?
