Una de las conductas delictivas que daña y dañaba – y seguramente continuará dañando – seriamente los ingresos de la Federación es la – llamada –ordeña de ductos – según reportes oficiales, las pérdidas por ordeña en tomas clandestinas habrían alcanzado el año pasado 2 mil millones de dólares, equivalentes a 6 veces el programa de comedores comunitarios; cuatro veces el de Apoyo Alimentario; casi la mitad del Programa Prospera completo o 40% de los Apoyos que se otorgan a Adultos Mayores -; otra conducta, igual de significativamente dañina, lo es la venta al público en las estaciones de servicio de ”LITROS INCOMPLETOS DE COMBUSTIBLES SERVIDOS”.
La legislación cambió y se tipificaron como delitos graves.
Con 80 votos a favor y 7 en contra, el Senado de la República aprobó la nueva Ley para prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Se impondrán penas graduales, que van desde 35 años de prisión por ordeña de ductos, plataformas marítimas, barcos, terminales de almacenamiento y otras instalaciones, así como hasta 50 y 60 años por actos de sabotaje y terrorismo.
De igual forma, se incluyeron disposiciones para que las gasolinerías o expendedoras de gas modifiquen sus sistemas de medición para despachar litros alterados; se les sancionará con penas que van desde 10 a 18 años de cárcel, con la posibilidad de perder la concesión.
El gobierno de la República, desea con estas nuevas regulaciones desaparecer la pérdida-robo y venta de combustibles, así como evitar la sangría de los bolsillos de los consumidores y el enriquecimiento ilícito de los concesionarios.
Es deseable, que el Estado mexicano, con las instituciones que tiene, tenga la capacidad para evitar ambas conductas delictivas.
Por supuesto que no debe decir cómo lo hará, pero sí es muy importante que lo haga y se puede hacer si cada uno cumple su responsabilidad y respeta la ley.
La pregunta sería: ¿Le temblará la mano a las autoridades y a servidores públicos que realizarán las comprobaciones?
