El verdadero valor de estas intervenciones y participación ciudadana radica en traducir las acciones en propuestas de valor a los ciudadanos. En ofrecer mejores servicios, mayor seguridad o mejor calidad de vida. Pero ¿cómo nos aseguramos de medir y observar lo relevante?
La contraloría social de acciones de gobierno ha sido una forma de intervención ciudadana para dar seguimiento, verificación y vigilancia a asuntos de interés público donde se vinculan acciones entre las instituciones del estado mexicano y las que se deriven con particulares.
Estas contralorías operan en gran variedad de ámbitos, pueden existir tantos tipos como líneas de política y acciones de gobierno en sus diversos niveles. Se utiliza, por ejemplo, para monitorear programas de desarrollo social, compras gubernamentales, evaluar la equidad al acceso al sistema de justicia o la observancia de derechos humanos en ámbitos específicos.
El verdadero valor de estas intervenciones y participación ciudadana radica en traducir las acciones en propuestas de valor a los ciudadanos. En ofrecer mejores servicios, mayor seguridad o mejor calidad de vida. Pero ¿cómo nos aseguramos de medir y observar lo relevante? Un punto de partida para esto es promover los espacios de análisis y discusión que señalen espacios de convergencia entre ciudadanos, expertos y organizaciones de la sociedad civil. Y de ahí identificar acciones y demandas concretas para construir agendas con solicitudes y peticiones claras a la autoridad.
Esta es la forma como ha evolucionado la intervención directa de la ciudadanía en el mundo y en México no es la excepción (algunos ejemplos en el portal de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.)
Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de contraloría enfocada en el gasto también encontramos ejemplos para observar el uso de recursos y partidas presupuestales en áreas específicas. En este espacio hay también algunos avances. Por ejemplo, tenemos el ejercicio de transparencia presupuestaria que avanza la Secretaría de Hacienda con organizaciones de la sociedad civil y que nos informa sobre los avances del presupuesto basado en resultados y los resultados del sistema de evaluación del desempeño. Sin embargo, esfuerzos de este tipo aún requieren verse fortalecidos y transitar hacia una rendición de cuentas que integre ámbitos de efectividad, responsabilidad y se evidencie el daño al patrimonio de la nación cuando así suceda.
Una forma de avanzar en este sentido es hacer un monitoreo puntual de cómo se gasta y en qué se gasta. Esta tarea se traduce en informar sobre partidas presupuestales específicas y la manera en que se canalizan recursos y apoyos, pero dando a conocer quién utiliza los recursos y se beneficia de ellos, quién los administra y cuál es el estado de la partida que fue asignada para ello. Y como un punto crítico adicional saber cuál fue el resultado de su ejecución de manera clara, transparente y que muestre el beneficio concreto a la sociedad y su entorno. Todo ello, y ahí el reto, debe suceder sin reservas y de forma transparente.
Esta manera de participar llama a una evolución donde los ciudadanos seamos más proactivos y nuestras propuestas y demandas más visibles. Es la única forma que nos puede asegurar conocer lo que sucede, qué se hace y quién utiliza y administra los recursos públicos.
Esta forma de rendir cuentas de manera abierta y transparente por parte de las instancias de gobierno es una aspiración ciudadana que como tal debe ser avanzada y promovida por nosotros los ciudadanos. Debemos enviar un mensaje claro a todos los niveles y órdenes de gobierno recordando que su labor se sustenta en una mandato ciudadano (democrático) y por tanto no debe ser su ejercicio un beneficio privado, partidista o de grupo. Es un buen paso para seguir construyendo y fortaleciendo nuestra ciudadanía responsable.
