Finalmente el partido revolucionario institucional aceptó lo que es evidente y no se puede tapar con un dedo ni con el poder de la publicidad y propaganda del Poder: que existe en la sociedad del país “hartazgo social”.
En relación con esto, y por ser de interés, entresaco algunos fragmentos de la columna DOBLE MIRADA, de Guillermo Valdés Castellanos, publicada en la edición de MILENIO diario, en su edición del miércoles 25 del presente.
El débil poder de las palabras.
Llevamos cinco meses enfrascados en una batalla, hasta el momento poco eficaz y desigual, entre realidad y palabras. Por un lado, realidades duras: La indefensión total de los ciudadanos en muchos estados – vivida trágicamente por los normalistas de Ayotzinapa – ante poderosas bandas del crimen organizado aliadas, en muchas ocasiones, con policías, y toleradas y protegidas por autoridades locales como en Iguala, Tamaulipas, Michoacán y muchos otros municipios y estados.
Por el otro, las críticas de las carencias de una estrategia en materia de seguridad (desaparecer de manera automática todas las policías municipales no resolverá el problema y en algunos lados, como en Ciudad Nezahualcóyotl, lo agravará), a la escasa prioridad política y presupuestal que le siguen dando. La respuesta a las críticas es un discursos oficial cargado de un optimismo fuera de la realidad (el nivel de inseguridad es el más bajo de los últimos años, aseguró hace unos días el secretario de Gobernación). La tozudez de la realidad y terquedad del gobierno.
En materia de corrupción, la realidad ha sido apabullante en apenas 150 días: a las sucesivas revelaciones de conflicto de interés (las casas de Angélica Rivero, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto), escándalos de corrupción y/o enriquecimiento inexplicable (los moches de los legisladores y alcaldes; los departamentos de Nueva York de la familia Murat; el asalto a las finanzas públicas en Guerrero), se sumó el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública de 2013.
Esta no es otra cosa que un rosario interminable de abusos, corruptelas, ineficacias y demasiada opacidad en el uso de los recursos públicos, tanto de los tres órdenes de gobierno, como en los tres poderes de la Unión. Que las funciones y el presupuesto público son considerados un botín o un instrumento para fines privados parece ser la norma. Devastador. Nuestra realidad.
Las palabras han sido cada vez más críticas y duras ante ella: no entienden que no entienden, les dijo The Economist; cínicos, los llamó Jesús Silva Márquez y así por el estilo. No recuerdo yo, en los últimos 30 años, tal avalancha de análisis y opiniones tan severa sobre la corrupción y la tozudez de la clase política para hacer algo al respecto.
Aunque en principio poco ha cambiado, en éste ámbito las palabras han empezado a agrietar la dura roca del mutismo inicial del gobierno y la clase política. No ha sido fácil, pero por lo menos ya reconocieron que el problema existe (encargar la investigación sobre los conflictos de interés) y han ido un poco más allá al aceptar que ha provocado una crisis de confianza (Luis Videgaray dixit).
Sin embargo, un par de batallas decisivas (que no guerras) se están librando en el Congreso: la aprobación del sistema anticorrupción y la ley reglamentaria en materia de transparencia y acceso a la información. La realidad se resiste, pues esos cambios legales pueden ser, bien aplicados, la base, (solo la base) para comenzar a desmontar el núcleo duro de la privatización de la cosa pública: la impunidad y la opacidad. La ausencia de rendición de cuentas.
La incógnitas es si las palabras, vía la indignación, una mayor conciencia y una presión social eficaz, terminarán por imponerse a quienes se aferran a una realidad que, desde las palabras (mera ilusión) o un poder misterioso) parece comenzar a resquebrajarse. Debe seguir la seguridad
