Poco a poco, lenta, pero con paso seguro, el asunto de la llamada Autodefensa, Vigilantes, Policías Comunitarios continúa y muy al estilo, en el mejor de los casos, sin conceder, muy al estilo de Fuente Ovejuna, está presente, pero en esta ensalada, esta categoría, se presta para muchos juegos, para muchas envidias y hasta para ajuste de cuentas.
Y estos Vigilantes surgen, se mueven y se mantienen porque el Estado es, fue, y temen que siga sabiendo, incapaz de ofrecer seguridad y tranquilidad y lo rebasen o porque existe algo, alguien, que los está incentivando, azuzando, asesorando, y hasta dirigiendo, en este clima de crisis de baja intensidad para no dar ni un minuto de tranquilidad a esta administración y, también y corre en forma paralela, porque las diversas categorías del Estado – sus tres niveles de gobierno – no han precisado una única definición: En una ocasión, el secretario de gobernación, Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que serán regularizados para que continúen coadyuvando con las autoridades a combatir el crimen organizado; Miguel Mancera – Jefe de Gobierno del Distrito Federal adoptó una postura diferente, opuesta y el recién nombrado secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, enfatizó que el gobierno de Peña Nieto no regulará a esos grupos, ya que la Constitución Política establece que el Estado es el que mantiene el monopolio legítimo de la Fuerza.
El fenómeno de la Autodefensa se complica y se suma a la aparentemente imparable violencia criminal, a la que se pretende frente ahora, fundamentalmente con la estrategia enfocada en la prevención.
Este hecho podría leerse desde algunas posiciones: Una, desde los derechos y demandas legítimas de los ciudadanos para proteger sus vidas y propiedades por parte del Estado, razón suficiente y primigenia elemental y esencial de la existencia del mismo Estado. Cuando la función básica de la seguridad no se cumple, es comprensible que individuos y comunidades tiendan, de forma natural, a proveérsela por sí mismos. La propia Constitución General de la República – el artículo 10° – prescribe el derecho de los ciudadanos de poseer armas para su legítima defensa, claro está, bajo las modalidades establecidas por la ley. Otra, es la línea sutilmente delgada que separa la legitimidad a la autoprotección comunal de la estructuración de grupos armados que establezcan su señorío en espacios territoriales determinados, haciendo, de facto, abjurar al estado de su potestad, retornando de esta manera al sistema feudal, al establecimiento de cotos de, en donde todo tipo de actividad criminal puede desarrollarse con holgura, enmascarada bajo el pretexto de la autodefensa. Ya hay ejemplo: La Ruana. Una más: La oportuna toma de decisiones asertivas por parte del gobierno para contener la dinámica del fenómeno antes de que adquiera dimensiones inmanejables, antes de que las combinaciones de actores, intereses y capacidades sea de alta c0mplejidad que obligue al estado a recurrir a métodos improvisados y, en el peor de los casos, desesperados. Métodos que regulan y tristemente representan un altísimo costo a la nación. Lo cierto es que la Autodefensa tomó por sorpresa a las autoridades.
Mientras el discurso oficial fluye, el pueblo vuelca su mirada al salvador, como cada seis años, actúan los astutos, aprovechando la circunstancia, la inexperiencia y la inacción y sin pensamiento claro, voluntad sólida, y unívoca, y sin la acción correspondiente, y a tiempo, podríamos encaminarnos, lamentable e irremediablemente, al abismo de lo ya vivido: con otro frente, con otra trinchera y hacia otro futuro.
