En vísperas del inicio de su tercer año de gobierno, en los actuales escenarios del país – inseguridad, focos de inestabilidad sugeridos, violencia, anarquistas embozados, bun de grupos delictivos, superior agitación contra la figura presidencial, imagen deteriorada de las instituciones republicanas, run runs de inquietud social y cuasi guerrilla, balcanización de los grupos de autodefensa y cuasi guerrillas, exhibición de corruptelas en las estructuras del gobierno en los niveles municipal y estatal, creciente run run sobre debilidad del Estado de Derecho y de Estado fallido (hasta un presidente latinoamericano repitió la expresión de Mario Vargas Llosa), están colocadas las circunstancias que ni mandadas a hacer para que el presidente de la República haga uso de las facultades constitucionales para informar a la nación de las acciones que propondrá, legalmente, constitucionalmente, respetando los derechos-garantías constitucionales de los ciudadanos mexicanos, para fortalecer el Estado de Derecho, las instituciones republicanas, las instituciones de seguridad nacional y la procuración y administración de justicia.
El señor presidente, la administración Peña y el titular del Ejecutivo Federal debe aprovechar esta incomparable oportunidad, por la simple y sencilla razón de que la sociedad está sumamente sensibilizada y clama por medidas de políticas públicas que regresen la paz y la tranquilidad y se puede trabajar con confianza y credibilidad.
¿Qué podría anunciar hoy el señor presidente?
Debe anunciar sobre la necesaria e indispensable coordinación entre los cuerpos policiacos, de seguridad en sus tres niveles de gobierno – que hasta el momento es pura y únicamente saliva; por supuesto sobre el fortalecimiento de las asignaciones presupuestales para el concepto de seguridad social; de la necesaria aplicación de protocolos en el perfil de acceso-admisión-egreso de los elementos a los cuerpos de seguridad – formación, capacitación, actualización y superación profesionales en el sector policiaco – y de sus mejoras salariales y respeto a sus prestaciones y garantías complementarias Y, MUY IMPORTANTE, INFORMAR SOBRE, O CAMBIO DE SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD O DE MODIFICACIÓN DEL FORMATO EXISTENTE, porque se bastante evidente que el aplicado no está produciendo los niveles- resultados deseados-esperados.
Igualmente debe informar sus iniciativas para reglamentar el derecho de reunión y de asociación – debe prevalecer el derecho de la mayoría, sobre la minoría – y sobre reformas a los códigos para configurar delitos y que no sean considerados no graves y evitar la flexibilización-levedad – de las penas, no únicamente contra los violentos, rapiñas, hurtos y destrucción de y por embozados en manifestaciones y protestas, sino, también, contra delitos que son más frecuentes y dolorosos en la sociedad mexicana.
No debe faltar lo referente a la fortaleza del Estado de Derecho; es necesaria mayor precisión y definición jurídico-penal de esta concepto y sus diversas manifestaciones, y así, también, de los delitos y penas para quienes lo violen y debiliten, que deben ser considerados como graves. Como efecto de la apertura posterior a 68 desapareció el delito de disolución social, que era el centro de quejas y ataques de los opositores al régimen, pero, ¿es el momento de definir algo parecido?
Hoy sabremos si el señor presidente aprovecha esta oportunidad inmejorable, porque sólo el futuro sabe si habrá otra.
