Frente a la severa crisis existencial que vive y enfrenta el partido de la revolución democrática, remarcada pro su fundador y autollamado guía moral, la dirigencia nacional de ese partido ha empezado a tomar medidas, con la finalidad de reparar los daños causados por, entre otras cosas, el desgaste del ejercicio del poder, su cercanía con el poder, sus elecciones internas, su relaciones no recomendables y su óptica y perspectiva de alcanzar el fin sin importar los medios, todo con tal de alcanzar, conservar y/o acrecentar el poder; los casos más evidentes son Guerrero e Iguala.
Ante todo esto, Carlos Navarrete, trata de alivianar un poco su responsabilidad y declaró que recibió un cartucho de dinamita por el caso del ex alcalde de Iguala, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa… y advierte:” El debilitamiento de la Izquierda democrática puede abrir las puertas a movimientos radicales que optan por la violencia y acciones armadas, como supuestas soluciones a los conflictos del país…México enfrenta el riesgo de perder 25 o 30 años de transición democrática que han transcurrido para que corrientes populares lograran acceder al poder por la vía electoral. No hay que propiciar climas de resurgimiento de la violencia. Como los hechos en torno a las manifestaciones pro la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa. Cuando la violencia estalla, se sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina…Hay que decirlo con claridad: La delincuencia ha atrapado gobiernos de todos los signos políticos”.
Además, demandó a los 8 alcaldes perredistas del estado de Guerrero señalados de presuntos vínculos con el crimen organizado, presentarse de inmediato ante la PGR y aportar toda la información que se les requiera.
Con el objetivo de evitar que sus militantes tengan vínculos con el crimen organizado, el PRD anunció medidas que permitan prevenir o agilizar las investigaciones. Algunas de ellas son: Como prevención: Cuando haya sospechas de posibles delitos cometidos por militantes, el CEN exigirá que se presenten a declarar ante las autoridades. A los alcaldes que estén sujetos a investigación, deben presentarse a declarar y entregar toda la información para facilitar la investigación. Transparencia y rendición de cuentas: toda información financiera, patrimonial, y de gasto del comité ejecutivo nacional y comités estatales; de ingresos, salarios, viáticos y viajes de órganos directivos; declaración patrimonial anual de los militantes con cargos públicos, será de carácter público.
Bueno, como afirma la antigua sentencia popular: Después del niño ahogado, tapan el pozo. Esas recomendaciones están consideradas en todo el encaje legal y particularmente, en la electoral y partidista. Lo que sucedió es que no se cumplieron. Somos un país de leyes y el problema no es de leyes. Es de su cumplimiento y de la capacidad del estado para hacerla cumplir.
