En una entrevista de Carmen Aristegui con el nuevo dirigente Nacional del PRD, Carlos Navarrete señalo que en virtud de la ola de violencia suscitada en algunas entidades del país el PRD va a proponerle al Presidente Enrique Peña un pacto con el Gobierno Federal y la sociedad para realizar una contraofensiva en contra de la violencia y del crimen organizado, me parece con todo respeto que lo que la sociedad espera es que únicamente se cumpla en forma estricta con la ley, que para mi es el mejor pacto que puede en verdad dar resultados positivos a favor de la sociedad mexicana. Ahora bien si se trata de acuerdos, el compromiso público debe centrarse en el combate a la impunidad, aprobando en las cámaras la Comisión Anticorrupción que se ha convertido en un tema fundamental. En foros académicos, aulas de clase, cafés, se escucha de forma insistente señalar que al gobierno en general le falta destrabar la reforma profunda en materia de corrupción y que ésta debe ir acompañada de la sanción ejemplar de quien resulte responsable de cualquier delito acreditado, independientemente del rango del funcionario. Me queda claro que la gente quiere ver acciones de este tipo y lo entiendo.
Ha quedado claro que ninguna política anticorrupción puede estar separada de un gobierno que se jacte de respetar el estado de derecho. Hoy existen sistemas de control que no han disminuido la corrupción, por lo que es necesario que los nuevos instrumentos tengan facultades suficientes y se les dote de autonomía plena, sin influencias políticas, con integrantes honestos y comprometidos con la función pública, con la ciudadanía, procedimientos que eviten la burocracia y logren agilizar los trámites administrativos
Otro de los elementos que propician la impunidad es la falta de transparencia plena del ejercicio del gasto público, es necesario que la comisión que combata la corrupción tenga credibilidad y competencia federal de tal manera que sus resoluciones sean definitivas y bien sustentadas.
Coincido plenamente con lo que escribió Ana Laura Magaloni Kerpel: “… La autonomía de las procuradurías o fiscalías se construye principalmente con un servicio civil de carrera a prueba de balas. Cuando cada uno de los ministerios públicos o fiscales que trabaja en la institución confía que son la calidad y calibre de los casos que lleva a juicio lo que los hace ascender en el escalafón, la institución se blinda de la manipulación política. También, ese servicio civil de carrera genera condiciones para atraer talento y reputación a la institución.”
“ Lo más importante, creo yo, es armar una política anticorrupción integral y, en el caso específico de la fiscalía, hay que buscar que estén los componentes que garanticen su autonomía política y su profesionalismo, aunque ello le quite espectacularidad en el corto plazo.”
No se requieren pactos, únicamente voluntad política y una decidida participación de la sociedad en los asuntos de la inseguridad y combate al Crimen Organizado, y se lograra solamente combatiendo a la impunidad.
