Como el horno no está para bollos, un día sí y otro también brincan o natural o perversamente los asuntos que distraen a la opinión pública – nacional y estatal – y con ellos se le quita un poco la presión a la olla para que reviente un poco más tarde, o nunca.

Uno de ellos fue un hecho, natural dadas las circunstancias de inseguridad nacional, y local: la revisión detallada y minuciosa de quienes deseaban ser protagonistas=testigos en los actos tradicionales y festivos de la Noche del Grito y del desfile cívico-militares del 16 de septiembre; la revisión de adultos se acepta como natural y hasta obligada, pero lo que ahora desató el alud de juicios – negativos y positivos – fue la revisión de niños-infantes – aunque haya sido aleatoria -.

Esto tiene justificaciones: Primero, es trabajo y nadie desea que nuevamente suceda un atentado, y mucho menos los responsables de la seguridad del lugar, del evento, de las autoridades y de los asistentes. Segundo, sucede que los que tiene como herramienta de trabajo el terror, el miedo y el dolor, usan todos los objetos y sujetos para lograr sus fines y existen claros ejemplos de que ellos, perversamente, utilizan a los niños – inocentes – para alcanzarlo. Tercero, acaso lo que debió utilizarse fue personal femenino calificado, trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras; algo así, pero la acción se justifica y se requiere un poco de comprensión. Ya se sabe que los policías y paramilitares tiene un tacto militarizado.

El otro, fue el frecuente hecho del uso indebido de la autoridad administrativa: UN directivo de educación secundaria de esta ciudad – como bien pudo ser de cualquier otra población – impidió la asistencia a clases a un grupo de sus alumnos, por una minucia: faltas por el uniforme – no llevarlo completo, o sin corbata, zapatos no reglamentario, etc., etc. La información se difundió sin mayores detalles y eso es lo que se necesitaban: detalles.

Es indudable que en la familia y en las escuelas se forman y se consolidan hábitos y valores y que esa medida disciplinaria fue la arista de una de ellos; se desconoce si la medida fue una acción inicial, término medio o final y si la medida fue tomada de común acuerdo con la sociedad de padres de familia de la institución; lo cierto es que lo que se decidió no debió ser, porque el alumno tiene todo el derecho para recibir atención educativa y académica; hay, hubo y siempre habrá otras acciones para resolver la situación que motivó esa medida draconiana.

Tal vez la dirección de la escuela carece de trabajadoras sociales, psicólogo, trabajadores de apoyo a los servicios docentes, incluso una madre-padre de familia, para indagar la situación económica de quienes incurrieron esas faltas y/o si son repetitivos o indolentes. Igualmente es cierto es que la inmensa mayoría, por decir que todas las escuelas de educación Básica carecen de partida presupuestal pública para gastos de mantenimiento, pago de servicios públicos, útiles y consumibles de apoyo a los servicios educativos, etc., y de alguna parte deben salir. Mientras este detalle no se resuelva habrá, repetitivamente, muchos casos semejantes.

Debe haber y dares una solución lógica y académica.