La otra consulta popular en discusión y la más politizada en este momento es la referida a la reforma constitucional en materia de energía- que comprende petróleo y sus derivados, gas, y energía eléctrica – que conforme al antiguo texto de la Constitución Federal se tenía un monopolio para su exploración extracción, procesamiento, transporte y comercialización, con el antecedente de que todo ello era propiedad de la nación.
Ahora con esta última reforma, esas funciones son compartidas con el capital privado, sea nacional o extranjero, con la utilización de varias figuras jurídico-comerciales en práctica en otros países y que ahora se legalizarán en el nuestro, sin que por eso las materias dejen de ser propiedad de la nación; lo único que se perdió fue el monopolio del Estado en todas esas actividades que regímenes políticos calificaron de estratégicas.
Esta reforma modifico sustancialmente varios conceptos, hasta antes intocables, pero que con los escenarios y demandas de este tiempo y las exigencias socio-políticas, debieron adecuarse y modificarse.
No existe venta de los recursos energéticos; estos continuarán siendo propiedad de la nación y esta idea es la que, equivocadamente, se consultará a la nación.
La administración Federal siguió estrictamente el procedimiento para realizar y conseguir la reforma constitucional, como que sabía a lo que se enfrentaría y lo que está en juego y puso su capital político en juego para ganar y ganó.
Lo que debe pensarse es que durante décadas – desde su nacionalización hasta el inicio del giro en el formato económico – los energéticos – gasolinas, gas y electricidad – tuvieron bajo precio y estaban controlados por el Estado pues sabían que ellos eran los factores reales de estabilidad política y sin importar sus precios internacionales, mantenían y tuvieron precios bajos y la estabilidad económica se mantuvo y la carestía se contuvo; al cambiar el formato económico y girar hacia el liberalismo al país se le impuso la idea de que los precios de estos recursos estaban subsidiados, al compararlos con sus precios en los países más industrializados del mundo y con otro perfil económico y más potencia y movimiento en su economía y los energéticos nacionales empezaron a subir de precio – los gasolinazos famosos – con el sloga-gingle de que los aumentos son mínimos no son inflacionarios y por lo tanto no afectan a la economía. Toda empresa privada por modesta que sea, sea cual sea su origen busca la ganancia y las empresas privadas – nacionales y/o extranjeras – que participen en la industria petrolera siempre buscarán la suya y los, precios serán puestos por acuerdo de los empresarios más fuertes y no por el Estado y la estabilidad, hasta ahora mantenida artificialmente, se perderá.
Dígase lo que se diga, esa es una ley de la economía: Toda inversión lo que busca es ganar más, en menor tiempo y con menor costo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la palabra en la elaboración de la pregunta y la sociedad nacional tiene la decisión con su respuesta. La nación está en juego.
