De una u otra formas, en el país, ya se han alzado y escuchado las voces que solicitan un replanteamiento de la estrategia del Estado en su combate a la producción, comercialización, transporte y uso de los narcóticos.
El planteamiento se da en el contexto de que varios países latinoamericanos y varios estados de la Unión Americana han legislado para despenalizar su producción, venta, consumo y transportación de la mariguana, en específico.
Aquí en nuestro país ya existen iniciativas para permitir su venta, mediante receta médica, despenalizando su venta y consumo. Y como siempre, están las posiciones en contra de esta medida.
Para los que están en contra de la política pública de despenalizar la venta y consumo de la mariguana no cuentan los miles de millones de pesos que se destinan, infructuosamente, para sostener una guerra perdida de antemano, dinero que bien pudiera destinarse en otras áreas más sensibles y necesitadas de desarrollo e inversión en infraestructura. Tampoco consideran las vidas perdidas o desperdiciadas en estas acciones; ni mucho menos el clima de violencia que se vive en las zonas de producción, sus rutas de trasiego y transportación, mercados y puntos de venta y que son enfrentadas por las fuerzas del estado, sin que a la fecha haya una disminución en cada uno de sus aspectos: Producción, transporte, comercialización y consumo. Es más, cuanto más se ataca, más se encarece y más violencia se manifiesta y más se incrementa sus consumos.
Hasta la fecha, por lo menos en los más de sesenta años que se estableció la política pública – por presión de los Estados Unidos – de penalizar y combatir el consumo de la mariguana no ha resuelto el problema y, en cambio, tenemos autoridades mucho más frágiles y evidente ausencia de protección social.
Legalizar o regular su consumo significa regresar al Estado el control sobre los mercados que hasta hoy pertenecen a los narcotraficantes Y, además, ha disparado los niveles de inseguridad, los homicidios y la saturación y hacinamiento en las cárceles y CERESOS.
Legalizar la mariguana implicaría que nuestra sociedad aprenda a convivir con las drogas – como lo hace con el alcohol y el tabaco, que son más dañinas que la cannabis.
Otros consideran que legalizar su venta-consumo tendría impacto negativo en la sociedad, pues seguramente se incrementarían las adiciones.
Las entidades públicas- gobiernos – que encabeza estas nuevas percepciones son Uruguay y varios estados de la Unión Americana, pues dejarían de gastar millonarias asignaciones presupuestarias para combatirla y tendrían ingresos por la siembra y venta, además de evitar la pérdida centenal de vidas en sus enfrentamientos. Esa historia en nuestro país está iniciando su Índice.
