Dentro de la euforia y polvo levantados, naturales si se considera que después de doce años, dos administraciones panistas, se regresa a la posesión, titularidad y ejercicio del poder Ejecutivo Federal, tanto el partido revolucionario institucional, como su candidato en funciones de presidente de la los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, está una acto que con su sola enunciación, entrada y somero análisis significa cambio en la política y en nuestra prácticas políticas de nuestra emergente democracia.
El presidente de la República presentó-entregó a la Cámara de Diputados iniciativa de Reforma Constitucional y de las leyes electorales – COFIPE –para establecer la figura político electoral de la Segunda Vuelta en la elección presidencial, si el candidato con la mayor cantidad de votos recibido no supera la mitad más uno del padrón y que, ejerciendo su poder soberano, acudieron depositar su voto, de la votación total recibida.
Dentro de la iniciativa se señala, que esta Segunda Vuelta Electoral se realizará únicamente entre los dos candidatos con la mayor votación nacional recibida y que se efectuará el segundo domingo de agosto del mismo año de la elección y que, finalmente, serán el Instituto Federal Electoral quien las organizará y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la responsable jurisdiccional de desahogar todas las incidencias, impugnaciones y demás asuntos jurídico-electorales que se susciten-generen en los 300 Distrito Electorales Federales.
Esta iniciativa de reforma le dará mayor certeza y mayor legalidad, si se puede decir y aceptar, a los procesos electorales federales para la disputa del poder Ejecutivo Federal. Sirva de referencia que desde el resurgimiento de nuestra emergente democracia – 2000 -, hasta la fecha, han sido tres los procesos electorales Federales en los cuales los candidatos triunfadores han sido bastante cuestionados, inicialmente porque ascendieron al Supremo Poder sin la mitad más uno de los votos nacionales recibidos – Vicente Fox, Luis Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto –, lo que no le demerita su legalidad y legitimidad electoral, pero no la credibilidad y confianza.
Se pretende que con esta figura, y con el agregado de las figuras de la democracia participativa y, particularmente, con la de los candidatos independientes, además con la de reducción en su número del poder Legislativo, nuestra emergente democracia, prácticas e instituciones políticas y nuestra vida social tengan un cambio fresco y conduzca a nuestra sociedad hacia estructuras sociopolíticas de mayor confianza y seguridad.
Ciertamente será costo, y será un poco más caro, pero en contra parte tendrá su beneficio social: será más confiable y dará seguridad político electoral al proceso electoral.
Bienvenida esta reforma.
