Por no dar cumplimiento en tiempo y forma con los artículos transitorios de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, este martes la diputada perredista Cristina Portillo Ayala presentó una queja formal en contra del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ante la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).
De manera particular la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local señaló que a pesar de que la referida norma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 12 de marzo del 2013 hasta el momento el Ejecutivo no ha emitido el reglamento que le mandata la regla, además de incumplir en la fecha de instalación del Consejo previsto en la Ley.
De acuerdo con Portillo Ayala la falta de planeación y seguimiento al mandato jurídico es reflejo de la ausencia de una política pública de atención a los menores en la entidad, “el día de mañana estaremos viendo cómo las autoridades reparten juguetes a los niños, en eventos que no reflejan acciones de fondo de atención a la niñez”.
Refirió que la ASM es la encargada de supervisar el cumplimiento de las responsabilidades que la Ley mandata a los servidores públicos, de ahí que haya determinado promover la queja en contra del gobernador, misma que advirtió es la primera de muchas por el incumplimiento a lo establecido en las normas, ya que aclaró que son inútiles las leyes si éstas no se aplican, respetan y cumplen.
Señaló que más de un millón de michoacanos son niños, niñas y adolescentes por lo que conforman un importante segmento de la población que debe ser atendido de manera prioritaria por las autoridades, al tiempo que refirió que en diversas ocasiones ha solicitado a diferentes áreas del Ejecutivo estatal información sobre el cumplimiento de lo que les mandata la norma, sin éxito en la respuesta.
Como ejemplo puso el caso de una petición de información que formuló hace más de un mes a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acerca de las acciones que se instrumentan a favor de las mujeres en las zonas de conflicto por motivos de seguridad, sin que a la fecha exista una respuesta al respecto.
