De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), la oferta de mano de obra en México aumentará de 42 millones de personas en 2000 a 64 millones en 2030, implicando incrementos medios anuales del orden de 910 mil personas en la primera década del presente siglo; 798 mil durante la segunda y 477 mil en la tercera década.
El Estado de México seguirá concentrando la mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional, al pasar de 5.5 a 9.3 millones al cabo de los treinta años, mientras la oferta de fuerza de trabajo más dinámica será la de Quintana Roo con una tasa media anual de crecimiento de 3.54%, es decir, casi dos veces y media más alta que el puntaje nacional de 1.39 por ciento.
La edad promedio de vida superará los 75 años de edad y para 2020 habrá una proporción de adultos mayores, el 12.5% de la población que duplicará en 2050 al representar el 28% de la población.
Por ello emanan una serie de desafíos, lo digo pensando a futuro, con una población en México que en 2010 reveló serios problemas de obesidad, diabetes, cáncer y tabaquismo.
También están los problemas socioeconómicos con brechas preocupantes entre grupos privilegiados respecto de un cúmulo de olvidados del desarrollo.
Las condiciones laborales tampoco muestran su lado amable, el mercado formal ofrece contratos temporales, sin prestaciones de Ley con sueldos, salarios y remuneraciones caídas.
Cada vez se trabaja más para vivir peor. La otra opción es la economía informal, actividades subterráneas e ilegales con una dañina expansión dentro del Producto Interno Bruto (PIB) y su consecuente impacto negativo dentro de la recaudación fiscal.
Millones de personas laboran en “esa otra economía paralela” y lo hacen a destajo sin ninguna prestación, ni ellos mismos, ni nadie en el gobierno, están previendo por sus necesidades inmediatas de vivienda y ahorro; ni las futuras en rubros de salud y pensión.
Por supuesto, millones de personas laborando en la calle sin ningún tipo de paraguas social serán también parte de la tercera edad cada vez más cuantiosa después del 2050. ¿Quién velará por sus necesidades de atención y comida? ¿A qué presidente, secretario de Estado o gobernante culparemos por lo que no hicieron a tiempo en los primeros años y décadas del siglo XXI?
A COLACIÓN
Para la población, el llamado es por exigir a los políticos una visión de estadista, un verdadero plan de gobierno de largo alcance basado en las premisas ciudadanas y prioridades del bono demográfico.
De 2012 a 2018 no pueden dilapidarse las oportunidades con populismos y demagogias, requerimos acciones concretas para proteger a la población en esta fase de cambio en la edad productiva.
Principalmente, edificar un Estado Benefactor en el que sobresalga un esquema de salud pública universal (superior al seguro popular), una especie de seguro médico anual que se pague en las oficinas del IMSS, SSA o ISSSTE para mantenerlo vigente pero que permita que personas desempleadas, autoempleadas, dentro de la economía informal, subterránea o retiradas puedan tener derecho a curarse dentro de una extensa red de hospitales públicos con las suficientes camas, medicamentos, doctores y enfermeras por habitante.
Que la atención sea de calidad y para cuando el enfermo lo necesite, no en 3 o 6 meses de acuerdo con la disponibilidad.
Otra modificación esperada: dentro del ahorro para el retiro en el esquema de las Afores, una parte del dinero es para la pensión, otra para la subcuenta de vivienda (crédito Infonavit). Este dinero acumulado por parte del trabajador y su patrón, puede utilizarse únicamente cuando el trabajador está en activo, por supuesto, dado de alta en el IMSS.
El meollo es que millones de personas tienen acumulado dinero en su subcuenta de vivienda y carecen de trabajo formal, en los últimos años no han vuelto a cotizar en el IMSS, muchos están precisamente en el autoempleo o informalidad.
A esa gente le sirve más disponer de su dinero que esperar a 20 o 30 años cuando recibirán una ínfima cantidad castigada por las inflaciones y bajos rendimientos. A futuro no les resolverá ningún problema.
En el presente, diputados y senadores, podrían realizar modificaciones a favor de que personas con una década de no cotizar en la economía formal obtengan los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados en la afore de su elección, para que junto con un subsidio del Estado apliquen por una vivienda de interés social.
Siendo prácticos se resuelve un problema real venidero en las próximas décadas.
